Cuatro muertos por ataque gubernamental

Managua.- Cuatro jóvenes muertos y uno desaparecido dejó ayer en la ciudad de León la “Operación Limpieza” del Gobierno de Nicaragua, que consiste en ataques armados contra la población que se manifiesta contra el presidente Daniel Ortega, denunció la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh).

Las muertes y la desaparición fueron confirmadas por el Movimiento Articulación Leonesa, compuesto por manifestantes “autoconvocados” de la ciudad de León, 97 kilómetros al noroeste de Managua.

Según la agencia EFE, Los jóvenes fallecidos, con edades entre 21 y 22 años, fueron identificados como Danny Ezequiel López Morales, Júnior Alexander Núñez Rojas, Alex Enrique Machado Vásquez y Henry Danilo Sandino mientras Álvaro José Ramos fue reportado como desaparecido, señaló la Anpdh.

VIOLACIÓN DE DERECHOS

“Estamos ante una profunda crisis de violación de los derechos humanos, el caso más relevante fue el de Danny, que llegó a un centro médico con vida, pero le negaron la atención, lo que provocó su muerte”, dijo el representante de Anpdh, Álvaro Leiva a la agencia EFE.

La “Operación Limpieza”, un método utilizado en 1979 por el dictador Anastasio Somoza Debayle para tumbar las barricadas que los pobladores erigen contra este tipo de ataques, fue implementada la madrugada de este jueves en el barrio indígena de Sutiaba, en la ciudad de León.

Además, los miembros del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) celebraron su “éxito” en redes sociales.

“Que no se engañe el Gobierno, reprimiendo y encarcelando, no obtiene ninguna victoria, más bien agudiza la crisis política y se gana más rechazo del pueblo”, dijo el influyente obispo Silvio Báez, al conocer del ataque.

ORGANISMOS INTERNACIONALES

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), han responsabilizado al Gobierno nicaragüense de graves violaciones a los derechos humanos.

Entre las violaciones destacan “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, según la CIDH, y que el Gobierno de Nicaragua ha rechazado, reportó la agencia EFE.

El país centroamericano lleva más de dos meses sumergido en una crisis política que ha dejado más de 310 muertos, según la Anpdh, la más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Ortega como presidente.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

ESTADOS UNIDOS

El Nuevo Diario reflejó las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien aseguró que los responsables de la violencia y la corrupción en Nicaragua “continuarán rindiendo cuentas”, en referencia a la aplicación de la Ley Magnitsky a tres altos funcionarios, muy cercanos al mandatario Daniel Ortega.

“Los Estados Unidos están del lado del pueblo de Nicaragua y continuarán haciendo rendir cuentas a los responsables de la violencia y corrupción patrocinada por el gobierno (de Daniel Ortega)”, dijo Pence en un tuit.

Estados Unidos dio a conocer que aplicó ayer la Ley Magnitsky al jefe policial, Francisco Díaz; al máximo representante de Albanisa y tesorero del FSLN, Francisco López; y al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

La Prensa informó que entre el 17 al 21 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adoptó nueve resoluciones a través de las cuales ha solicitado medidas de seguridad para proteger la vida e integridad personal de 64 personas incluyendo sus núcleos familiares. La Comisión observa asimismo, que algunas de las personas propuestas beneficiarias serían objeto de una gran estigmatización.

Un comunicado emitido por la CIDH indicó que entre los beneficiarios se encuentran líderes estudiantiles, defensores de derechos humanos, periodistas, familiares de víctimas, sobrevivientes de hechos de violencia, sacerdotes, y personas que han brindado asistencia a personas heridas.

Además refiere esa Comisión que ha procediso a solicitar información al Estado, en los términos del artículo 25.5 del Reglamento, en relación con 57 solicitudes recibidas y a requerir información adicional a 76 solicitantes de medidas cautelares y aclara que “no ha decidido al momento el rechazo de ninguna de las solicitudes recibidas durante su visita de trabajo”. (Agencias)