Nuevos casos de arbitraje

La nave del Estado navega en medio de un mar huracanado, lleno de escollos visibles e invisibles, perdida la brújula, sin capitán, dando golpes de timón a derecha e izquierda, sin puerto seguro a donde llegar, con otros peligros de fondo, sin contar los nubarrones que se perfilan en el horizonte, como el asunto del 21F.

Pero esos son asuntos políticos superables, pues ahora el gobierno enfrenta otras cuestiones mayores de tipo económico, casi insuperables. El primero de ellos es con la firma Glencore que en agosto de 2017 interpuso una demanda por 675.7 millones de dólares, ante la Corte de Arbitraje Internacional de La Haya, demanda basada en la expropiación de que fue objeto hace cinco años por parte del Estado Plurinacional, de sus propiedades e inversiones en Colquiri y la Metalúrgica de Vinto en 2007.

El caso Glencore es uno de los grandes desafíos que también encara la nueva presidencia de Comibol, debiendo recordarse que en el año 2000 el gobierno de Banzer “capitalizó” la fundición de antimonio.

Un segundo problema para el gobierno se presenta con la AFP Previsión que hizo conocer una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de arreglo de defensas relativas a inversiones (Ciadi), siendo la causal el traspaso de la Administración de Fondos de Pensiones de esa entidad a la estatal Gestora Pública.

Al respecto, se anota que Bolivia se retiró de la Ciadi y que la AFP Previsión, por su intermedio del Banco Bilbao Argentaria (BBVA) recurrirá al “mecanismo complementario”, donde el Ciadi actuará como “institución administradora del procedimiento arbitral”. Por otro lado, la AFP afirmó que realizó gestiones previas con el Estado para llegar a una conciliación, sin llegar a acuerdo, lo que llevó al grupo financiero BBVA, propietario de las dos AFP que tiene en Bolivia, a iniciar la demanda.

Esas dos demandas de arbitraje a Bolivia ante tribunales internacionales recuerdan que otras tres empresas mineras recurrieron a ese procedimiento, reclamando el pago de 1.100 millones de dólares y afirmando que hicieron importantes inversiones.

Viene a colación el reciente escándalo por el cual el Estado Plurinacional pagó, sin la menor observación, 42 millones de dólares a la firma Quiborax (que no invirtió ni un millón de dólares), con la que inicialmente se llegó a un acuerdo para pagar solo 3 millones de dólares. A la vez, están pendientes de solución en tribunales internacionales otros casos, entre ellos Jindal y Mallku Khota que también presentaron demandas por más de mil millones de dólares de indemnización por las respectivas “nacionalizaciones”. En total, nada menos que unos dos mil millones de dólares, lo que permite apreciar que las cosas están pasando de castaño a oscuro.