Contrademanda de Sánchez de Lozada

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Gobierno Carlos Sánchez Berzaín presentaron una contrademanda a la Asociación de Víctimas de Octubre, por daños y perjuicios, según declaró Patricio Quispe, representante de las víctimas, en una entrevista realizada ayer en radio Compañera de esta ciudad.

“Han presentado una contrademanda indicando que ellos habrían erogado gastos en abogados y otros asuntos judiciales”, dijo.

En tanto, la familia del expresidente inmediatamente emitió un comunicado para aclarar que la demanda por daños y perjuicios no fue planteada contra las víctimas de la masacre de octubre de 2003.

“Los abogados de la defensa de Sánchez de Lozada han presentado un memorial exigiendo que los abogados acusadores —que pertenecen a una firma de abogados que factura cientos de millones de dólares— cubran una parte menor de los gastos judiciales incurridos durante el juicio (civil)”, cita el documento.

Esta nueva demanda surgió después que familiares de los caídos en la masacre de octubre de 2003 impulsaron un juicio civil en Estados Unidos contra ambas exautoridades, que finalmente no procedió.

“Como el juez determinó que no tenían responsabilidad (por la Masacre de Octubre), ellos exploraron la posibilidad y nos contrademandaron en la Corte de Florida, Estados Unidos, por gastos judiciales”, aseguró Quispe.

Este dato también fue corroborado a las agencias noticiosas por el presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Sandro Ramírez, quien, sin embargo, dijo desconocer el monto al que asciende la petición.

Nueve familiares de las víctimas de “Octubre Negro” enjuiciaron a ambas exautoridades ante una corte de Estados Unidos, por los delitos de crímenes de lesa humanidad y masacre de civiles desarmados.

Aunque en primera instancia el jurado de la Corte de Florida declaró culpable a Gonzalo Sánchez de Lozada y le impuso pagar 10 millones de dólares a los familiares de las víctimas, días después (a fínales de mayo pasado) el juez James Cohn revirtió la decisión y dictó que “no hubo responsabilidad del expresidente en el caso”.

El magistrado tomó la decisión sobre la base de la denominada Regla 50, que permite anular un caso, cuando la evidencia es insuficiente para poder sustentar una decisión razonable del Jurado en favor de los demandantes.

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