Continúa la toma ilegal de tierras

Bien se podría decir que hasta el cansancio se ha reclamado por la apropiación ilegal de tierras que cometen quienes se creen dueños de todo y capaces para todo con tal de cumplir con sus objetivos; sin embargo, no hay resultados para los reclamos, los legítimos propietarios sufren por conseguir algo de justicia y querrían, como es lógico, que se les restituya lo que legítimamente poseen; que cese el abuso de apoderarse de tierras, ganado y todo lo que contiene una propiedad, especialmente en la región oriental del país.

Hay casos que son especiales: el de Brasil, donde hay toma de tierras se sanciona a los culpables y se devuelve el bien asaltado; en otros países, funcionan la justicia y la policía y hay sanciones para delincuentes que abusan y se apropian de lo que no les pertenece; pero, ¿qué pasa en nuestro país donde estos delitos quedan en la impunidad porque no hay autoridad que ponga orden y haga un mínimo de justicia?

La “toma de tierras” que se produce periódicamente da lugar a que surjan muchos pretextos y uno de ellos sería que “campesinos del Altiplano dicen que el INRA concede tierras a los seguidores del gobierno”; este extremo no es creíble porque sería arbitrario e ilegal; pero, si así ocurriera, seguramente sería con tierras disponibles y sujetas a los trámites de ley; no obstante los rumores y comentarios de toda laya no faltan y muestran claramente, que existe siempre el pretexto de que “es el gobierno, a través del INRA” el que comete este tipo de delitos.

Las regiones altiplánicas, predios, fundos y haciendas de Santa Cruz y el Beni son víctimas propicias para quienes quieren hacerse de lo ajeno y no trepidan en cometer abusos de toda laya para el logro de sus objetivos. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) resulta ser el “responsable” de estos abusos y parece haber confirmación por el silencio que muestra y no señala los casos en que haya impuesto la justicia, se haya hecho respetar los derechos de los legítimos propietarios y se haya restituido las propiedades. Sería, pues, interesante y constructivo que el INRA haga conocer qué es lo que hace, confirme a o denuncie los extremos cometidos y que se le atribuye la condición de “consentidor” de semejantes delitos. Mantenerse en mutismos cerrados y hacer “la vista gorda” ante semejantes problemas no le hace bien al gobierno.

La apropiación de tierras y las negativas a reparar el mal hecho es un precedente grave que se crea para que surjan otros “aventureros y dueños de la propiedad ajena” que quieran hacer lo mismo; este tipo de delitos crea situaciones injustas que no deben seguir en curso y es justamente el INRA, conjuntamente los tribunales de Justicia, el que debe adoptar las medidas más enérgicas contra los delincuentes que causan graves daños al país con sus conductas ilegales.