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Exgobernantes instan a OEA pronunciarse

Condena internacional a repostulación de Morales

> Una declaración fue refrendada por Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia; Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; José María Aznar, de España; Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso, de Panamá; Enrique Bolaños, de Nicaragua, y Felipe Calderón y Vicente Fox, de México; Alfredo Cristiani, de El Salvador; Fernando de la Rúa, de Argentina; Eduardo Frei, de Chile, Luis Alberto Lacalle, de Uruguay; Lucio Gutiérrez, Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad, de Ecuador; Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, de Colombia, y Juan Carlos Wasmosy, de Paraguay

En una declaración publicada por la agencia de noticias Efe, más de 20 exmandatarios instan a que la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronuncie respecto a la repostulación –por cuarta vez– de Evo Morales.

Los firmantes señalan que “dada la contumacia del gobernante boliviano” invitan al Consejo Permanente de la OEA, liderado actualmente por Carlos Trujillo, embajador de EEUU, que se pronuncie al respecto y condene la conducta de Morales.

Refrendan la declaración Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente de Bolivia; Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; José María Aznar, de España; Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso, de Panamá; Enrique Bolaños, de Nicaragua, y Felipe Calderón y Vicente Fox, de México.

También son signatarios Alfredo Cristiani, de El Salvador; Fernando de la Rúa, de Argentina; Eduardo Frei, de Chile; Luis Alberto Lacalle, de Uruguay; Lucio Gutiérrez, Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad, de Ecuador; Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, de Colombia, y Juan Carlos Wasmosy, de Paraguay.

En la declaración, los exjefes de Estado y de Gobierno hacen referencia al “intento de Evo Morales para perpetuarse en el ejercicio del poder, en fraude manifiesto a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos, desnaturaliza el ejercicio de los derechos políticos y violenta de manera grave los elementos esenciales de la democracia”. Los participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) recuerdan que la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia establece que el presidente de este país solo puede ser reelegido una sola vez de manera continua.

También expresan que el Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano estableció en 2013, en contra de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución (Parágrafo II), que los mandatos presidenciales anteriores a la Carta Magna no cuentan a efectos de la reelección, lo que posibilitó que Morales, que fue elegido por primera vez en 2005, pudiera ser reelegido en 2014.

“Decidido a reelegirse perpetuamente”, Morales intentó reformar la Constitución, pero la ciudadanía en un Referéndum popular de 21 de febrero de 2016 se lo impidió”, dice la declaración de IDEA.

Entonces, el Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo el “control” de Morales, le autorizó presentarse como candidato en las elecciones del 20 de octubre de 2019, justificando que se trata de un “derecho humano”.

Este argumento fue secundado recientemente por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, quien dijo que sería “absolutamente discriminatorio” que Morales no pudiera ser candidato, lo que ha generado duras críticas de la oposición.

IDEA recuerda que antes de adoptarse la vigente Carta Democrática Interamericana, la Declaración de Santiago de Chile de 1959, adoptada por la OEA, dispone como principio esencial de la democracia la “proscripción de la perpetuación en el poder o de su ejercicio sin plazo”.

También sostienen que la Carta Democrática dispone, como elemento esencial de la democracia, “el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho”.

Así como que la Convención Americana de Derechos Humanos, al reconocer el derecho de todo ciudadano a elegir y ser elegido, además de señalar que dicho derecho puede ser reglamentado mediante ley, dispone claramente, como límite de este, “las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.

 
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