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[Angélica Siles]

Persiste la impunidad, 117 feminicidios en 2019


La Constitución Política del Estado establece en el Art. 15. II que “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”. En 2019 se registraron 117 feminicidios con 137 niños huérfanos. El anterior gobierno no aplicó la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una vida libre de violencia. Esa ley de marzo de 2013 define “17 violencias: 1) Violencia Física, 2) Violencia Feminicida, 3) Violencia Psicológica, 4) Violencia Mediática, 5) Violencia Simbólica y/o Encubierta, 6) Violencia Contra la Dignidad, 7) Violencia Sexual, 8) Violencia Contra los Derechos Reproductivos, 9) Violencia en Servicios de Salud, 10) Violencia Patrimonial y Económica, 11) Violencia Laboral, 12) Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional, 13) Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer, 14) Violencia Institucional, 15) Violencia en la Familia, 16) Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual, 17) Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que viole los derechos de las mujeres”.

En el gobierno del cocalero es cuanto más se utilizó la VIOLENCIA contra la dignidad y en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer, utilizando frases como: “Las mujeres con qué me pagarán”, “Casi todas las mujeres son inferiores a los hombres”, “Enseñar a las mujeres a comportarse, para no ser objeto sexual”, “Cuando voy a los pueblos quedan todas las mujeres embarazadas y en sus barrigas dice Evo Cumple”. La violencia ejercida durante el gobierno del refugiado nunca fue cuestionada por la Defensoría.

La Secretaria permanente de la nación Sora de Cochabamba, Gabina Condori, denunció en el programa “Jaque Mate” de TUV al expresidente Evo Morales por atropellos a los indígenas y violaciones a niñas y adolescentes. Ella manifestó: “Evo Morales, voy a resistir, voy a seguir adelante, voy a sacar adelante todas las violaciones de las niñas de 11 años y 14 años del Trópico”. Dijo que intentaron matarla tres veces y que el MAS movilizó a sus bases con altas sumas de dinero en la crisis de octubre y noviembre.

De los 117 feminicidios, 22 tienen sentencia condenatoria por procedimiento abreviado, 10 con extinción por muerte del agresor, 10 con acusación formal, 52 con imputación, 18 en etapa preliminar, 4 con rechazo y 1 por sobreseimiento, por tanto en Bolivia, además de la falta de prevención, existen altas tasas de impunidad. Según la Fiscalía, 38 perdieron la vida a golpes, 36 por causa de ataques con cuchillo, 26 por asfisxia mecánica, 10 por armas de fuego, 2 obligadas a tomar veneno, 2 atacadas con dinamita y 3 fueron quemadas. El 94% de los feminicidas, planificaron contra sus esposas, novias o exparejas, según la Felcv.

Las mujeres y sus familias en Bolivia son víctimas de doble violencia: la violencia física o psicológica en las instancias gubernamentales y la violencia que ejerce el mismo Estado cuando no garantiza justicia.

El feminicidio en Bolivia, como en otros países, está en que es una sociedad profundamente patriarcal, con niveles muy altos de inequidad de género y una presencia manifiesta de esto desde la infancia en los patrones de educación machistas. Por tanto, es urgente cambiar la currícula en el sistema educativo para inculcar a nuestros niños la igualdad de derechos para ambos sexos.

En la justicia se debe aplicar el apoyo y refuerzo a las familias que han sido víctimas de feminicidio, con asistencia psicológica y social para los niños huérfanos y familias en su conjunto. En hogares con mayores carencias, la discriminación y el maltrato se manifiestan de maneras más crudas; muchos de los casos están asociados a graves problemas de alcoholismo de las parejas de las mujeres asesinadas. Tenemos un Estado que no sanciona la violencia contra las mujeres, no existen juzgados especializados en temas de género, establecidos por la ley. Exigimos implementar mayor número de Juzgados especializados en justicia para las familias.

La autora es Abogada, ex Asambleísta Constituyente.

 
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