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Durante régimen de Morales

Reportan 344 denuncias por persecución judicial

> El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Huberth Vargas, informó que estas denuncias buscan resarcir el daño provocado por la persecución.


Varios ciudadanos estuvieron recluidos en la cárcel de San Pedro de La Paz, algunos durante muchos años, por motivos políticos.

Hasta la fecha, en todo el país, son 344 denuncias que involucran a 594 personas relacionadas con el anterior régimen, las que fueron recibidas por el Comité Interinstitucional de Defensa de Víctimas de Injusticia por Motivos Políticos e Ideológicos dependiente del Ministerio de Justicia, entre las más relevantes se encuentran los casos de Franclin Gutiérrez y Leopoldo Fernández.

De estos casos, 179 fueron reportados en La Paz, 9 en Oruro, 13 en Potosí, 41 en Cochabamba, 22 en Chuquisaca, 9 en Tarija, 11 en Pando, 7 en Beni y 53 en Santa Cruz. Todos registrados entre el 22 de enero de 2006 al 10 de noviembre de 2019. De este total, se admitieron 123, se rechazaron 83, necesitan ser subsanados 58 y ya se encuentran en etapa de revisión, resolución y atención un total de 80 denuncias.

Entre las denuncias por casos más emblemáticos figuran los de Leopoldo Fernández, Franclin Gutiérrez, Juan del Granado, Mario Cossío, Rubén Costas, Hugo Carvajal, Ernesto Suárez, Elsner Larrazabal del Comité Cívico de Achacachi, además de los montajes de terrorismo y Porvenir, en la extensa lista.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Huberth Vargas, informó que estas denuncias colectadas en el último tiempo, buscan resarcir el daño provocado por la persecución política e ideológica ejercida por el anterior gobierno de Evo Morales.

“El objetivo del comité es restablecer las garantías constitucionales, la seguridad jurídica y el debido proceso para todas aquellas personas afectadas; si bien nosotros sabemos que la justicia fue un instrumento de persecución, se ha llegado a instrumentalizar a la justicia para perseguir a personas que pensaban distinto o que eran opositores al régimen de Evo Morales. Lo que se pretende es restablecer los derechos y garantías constitucionales de los afectados”, declaró el titular del Viceministerio.

Vargas también informó que se amplió el plazo por 90 días más, para que personas que se encuentren fuera del país ya sea en calidad de refugiadas o asiladas puedan presentar sus denuncias ante esta instancia. La comisión está conformada por el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, el Viceministerio de Transparencia Institucional, el Servicio Plurinacional de Defensa Publica, el Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima y el Servicio para la Prevención de la Tortura. (visorbolivia.com)

 
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