Intransigencia para prontas elecciones

Entre los apremios del MAS están, por una parte, elecciones ya y a como dé lugar y, por otra parte, la violencia inmediata, desatada en Senkata, puente Vela, etc. de El Alto y en el reducto del Chapare. La violencia congénita de ese partido es tema aparte. Una ley aprobada por los dos tercios masistas en la Asamblea Legislativa fija el acto electoral dentro de un lapso de 90 días. Aduce que el Tribunal Supremo Electoral determinó un rango entre junio y septiembre y que conforme a ello señala el 2 de agosto venidero para el verificativo electoral. Fiel a su propio estilo avasallador no le interesa la salud del pueblo ni el peligroso avance del corona virus. Extender la fecha de los comicios hasta septiembre hubiera sido lo natural, lógico y, sobre todo, en las actuales circunstancias.

En una emergencia como la presente, contraria al desenvolvimiento normal del país y del mundo entero, las decisiones no dependen de la ley sino de las condiciones adversas predominantes por efecto de la pandemia de corona virus. El MAS no asume que la movilización de unos cinco millones de personas para votar y el contacto necesario de los ciudadanos, como es de suponer, se convertirá en el punto focal más grave de contagios.

Prima en esta nueva aventura la sed insaciable de poder del ex presidente, instrumentando y presionando a los dos tercios del Legislativo, forzándolos a decidir una peligrosa fecha de los comicios. Con ese mismo talante suprimió la independencia y separación de los órganos del Estado durante 14 años. Es una lástima que los delegados por el voto popular se sometan a semejante dictadura, sin criterio ni independencia propios.

Ahora bien, el TSE debía haber modificado su calendario y extenderlo más allá de septiembre, sin descartar inclusive el último mes del año, para ello podría haber adoptado un rango flexible de acuerdo con la evolución de la pandemia. Toda decisión es modificable o revisable por el mismo órgano que la pronunció. Aunque no está contemplado en la Constitución de 2009, los órganos del Estado son iguales en jerarquía como principio democrático universal. Por consiguiente deben ser autónomos e independientes en sus decisiones, situación que permitiría al TSE no someter sus actos de otro órgano del Estado. Tanto más si lo que era la Corte Nacional Electoral fue elevada a la calidad de Órgano o poder del Estado por el mismo MAS, de manera que la fecha de los comicios debería concernirle autónomamente y nos veríamos libres de problemas legales como el actual conflicto de poderes del Ejecutivo versus el Legislativo.