El estallido de una crisis pendiente

El Decreto Supremo 1.126 de 24 de enero del presente año, que dispone ocho horas de trabajo para el sector médico, desnudó las carencias de la salud pública a nivel nacional y fue el detonante de la exigencia enérgica de su mejoramiento. Se trata de un rubro prácticamente abandonado por el Estado y que algún día debía estallar. Los médicos sostienen que la ampliación de la jornada no supone otorgar mejor atención, si no se cuenta con el equipamiento adecuado. Para lograr la abrogación de la medida, así como la dotación de infraestructura y de equipos necesarios corren los días de paro, al paso que galenos y trabajadores de salud se cuentan por decenas en huelga de hambre en distintas capitales. Sin embargo, los servicios de emergencia atienden en los horarios habituales.

La respuesta del Gobierno ha pasado de la amenaza de descuento por los días no trabajados a destituciones a partir del día 17 pasado, las mismas que continuarán según las autoridades del ramo. Hasta la indicada fecha en La Paz se expidieron 14 despidos por el SEDES, en relación con INLASA, y 39 en Chuquisaca a cargo del mismo organismo entre los que se encuentran médicos y funcionarios.

En el hospital municipal de Senkata de El Alto, han sido incorporados seis médicos cubanos en sustitución de otros tantos nacionales y se anunció como inminente la incorporación de muchos más en los nosocomios Boliviano-Holandés, Corea y Los Andes de la misma ciudad, pero muchos pacientes dudan de si este contingente cubano o algunos de ellos poseen título profesional y si éste cumplió el requisito de reválida en el país. El diputado Antonio Molina del MAS reveló la próxima o inmediata contratación de 1.000 médicos graduados en Cuba para cubrir las bajas del paro, quien además había presentado un proyecto de ley a Diputados, denominado “Defensa del Juramento Hipocrático”.

Las marchas de este sector están siendo reprimidas por la Policía con el despliegue de impresionante cantidad de efectivos, inclusive alrededor de hospitales menores y dependientes de sectores de trabajadores privados. La UMSA en su facultad de Medicina –cuyos estudiantes se plegaron a la protesta- no ha sido respetada, violando la Autonomía Universitaria. Esta actitud difiere claramente de la tolerancia policial a marchas y bloqueos de los sectores afines al partido oficial, aun en casos extremos como el bloqueo por campesinos de la carretera hacia Arica, a la altura de Curahuara de Carangas, varando a cientos de camiones de transporte con enormes pérdidas económicas.

La situación señala que al gremio médico le llegó el turno de los embates del Gobierno, después de la liquidación del Colegio de Abogados en La Paz y de la mira a otras agremiaciones de profesionales. No se sabe si es evidente, pero por alto conducto oficial se dijo que la comentada fijación de ocho horas/día, “no es una imposición del Gobierno sino un mandato de la Cumbre Social”. Es decir emana de un supra poder al cual todos deben rendir acatamiento y sumisión, pese a que sus disposiciones pequen de inoportunas e irreflexivas.