Impactos de los alivios de la deuda externa

La segunda generación de reformas promovidas por los alivios de la deuda externa, según el estudio de la Fundación Jubileo, de la Iglesia Católica, fue ejecutada entre 1994-1997 y profundizada en 1998. Estuvo orientada a la reducción de la pobreza y a mejorar la eficiencia y asignación de recursos de la economía.

El Estado asumió el rol de normador y regulador, como garante de la estabilidad macroeconómica y promotor de inversiones públicas y sociales. Se dejó al sector privado la responsabilidad de efectuar inversiones productivas.

Al interior del Estado se promulgaron las leyes de Descentralización Administrativa y de Participación Popular, con el apoyo de la Ley Safco. De este modo, se concretó la autonomía regional.

El costo de la segunda generación de reformas estructurales equivalió al 5% del PIB (Producto Interno Bruto), según conclusión del FMI en 1998. El documento “Bolivia, impacta and costo of the reforms”, elaborado por consultores locales y que no fue difundido hasta hoy, ascendió a $us 1.438,6 millones.

El costo fiscal de la reforma educativa fue de $us 327,6 millones y de fondos externos comprometidos $us 130,0 millones. Del servicio civil, $us 66,8 millones. Reforma de pensiones, $us 435,0 millones. PIDI, $us 239,5 millones y fondos externos $us 139,8 millones. Capitalización, $us 369,7 millones y fondos externos $us 80.0 millones. Total del costo fiscal fue de $us 1.438,6 millones y de fondos externos $us. 349,8 millones.

Con los cambios estructurales de la gestión pública se desconcentró el poder central a la acción local, generando grandes transformaciones. De un país que en 1994 tenía 24 municipios y una inversión propia que alcanzaba al 3% de la inversión pública, se cambió hacia una estructura que ahora tiene más de 300 municipios y que su inversión pasó de $us 3% a 40% del total de la inversión pública, aparte de mitigar las necesidades del ciudadano rural.

A pesar de estos logros, en 1997 Bolivia confrontaba un endeudamiento insostenible, con una tendencia decreciente de las exportaciones y alto crecimiento en las importaciones. A la vez, se producía un aumento permanente de la deuda y la consecuente obligación de cumplir con las reformas estructurales, que seguían demandando gastos que también incidían en la deuda.

En julio de 2005, el G8, integrado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos propuso la inmediata condonación del 100% de la deuda de los países HIPIC con el FMI, Banco Mundial y Banco Africano de Desarrollo, con miras a ayudar a estos países a concretar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) hasta el 2015.

El alivio total de la iniciativa MDRI para Bolivia totalizó $us 2.915 millones (57,76% de la deuda a 2004, que era de $us 5.046 millones). Dentro de este monto, se incluyó parte del saldo remanente de préstamos que estaban siendo aliviados bajo los lineamientos del HIPC II.

El informe de Jubileo destaca que las reducciones del monto de la deuda liberaron recursos para la inversión pública. Al mismo tiempo, los niveles de crecimiento tuvieron un comportamiento significativamente más positivo. Y a partir de 2006 se observó un efecto positivo en el ingreso del sector de hidrocarburos, con producción y exportaciones crecientes.

A partir de 2006 se produjo la reducción de la deuda externa y se empezó a registrar un aumento creciente del gasto social, lo que supondría que hay un uso directo de los recursos liberados en la búsqueda de reducción de la pobreza.

Sin embargo, el apoyo de la reducción de la deuda generó otros efectos entre los diferentes sectores de la economía y sus interrelaciones. Los programas de reducción de deuda liberaron recursos que en primera instancia eran destinados al servicio de la deuda y ahora son asignados a un mayor gasto público corriente y de capital, en tanto que la obligación de gastos sigue presente para el TGN.

Hubo también cambios en los indicadores económicos: a) por los altos precios internacionales de las materias primas; b) por los nuevos ingresos de los sectores de hidrocarburos y de minería; c) por el proceso de capitalización, interrumpido con la nacionalización; d) por el costo de la reforma de pensiones; e) el menor pago de intereses por deuda y f) las repercusiones de las crisis financieras en otras regiones.