Intolerancia e indiferencia alimentan al conflicto social

La intolerancia que vive Bolivia, expresada en la presente coyuntura a través de las llamadas “órdenes directas de movilización” de la fuerza pública, como respuesta a la decisión del Ejecutivo de “penalizar la protesta social” con el uso de la Ley y de los mecanismos del Ministerio Público, contradice a la “inexplicable indiferencia” que la cúpula del Gobierno muestra frente al conflicto social que sacude al país, lo cual se ha convertido en una dicotomía que genera un nuevo fenómeno que convulsiona la política nacional.

La búsqueda de soluciones, en especial para el conflicto médico y la problemática de la salud en Bolivia, sólo se la conoce a través de la intensa propaganda política que ampara al poder central. Así se distorsiona la real dimensión del problema que desde décadas se vino acumulando, sin que Gobierno alguno enfrentara con responsabilidad la construcción de un proyecto técnicamente concebido para encarar la preservación y la atención de la salud del ser humano en el país.

El tema del decreto que sube de seis a ocho horas el horario de trabajo del personal médico, de laboratorio, enfermería y otros afines, sólo ha exacerbado el conflicto y la consecuencia directa es que dicha disposición puso en el escenario público la irresponsabilidad e indiferencia con que se ha administrado “la primerísima obligación del Estado” y que, al igual que el tema educacional, parte de la asignación de recursos económico – financieros en la llamada “Ley Financiera del Estado”. Durante el tiempo histórico de vigencia del sistema democrático, el presupuesto de salud nunca subió del 3 por ciento y, en el presente, se muestra un descenso de, por lo menos, tres puntos.

No analizaremos, en el presente artículo, comparativamente la distribución de los recursos nacionales para cada uno de los sectores de la actividad gubernamental, por lo cual nos abstenemos de considerar aquel 50% de asignación, más o menos, para los temas de la seguridad nacional. De esta manera se puede afirmar que el Gobierno, con su política presupuestaria, no está cumpliendo el mandato constitucional que impone que el “Estado garantizará la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas sin exclusión ni discriminación alguna” y, por lo tanto, en Bolivia “no todas las personas tienen derecho a la salud”, en virtud a que gran parte de las comunidades rurales no cuenta con la infraestructura necesaria para atender aquel servicio.

Con el indicado presupuesto tampoco es posible poner en funcionamiento el “sistema único de salud” que, según la Constitución, “será universal, gratuito, equitativo, intercultural, participativo, con calidad y calidez y control social”, convirtiendo a este precepto en una “demagógica declaración constitucional”. Demás está decir que el “sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia, corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno”, si los responsables del área limitan su actuación pública a difundir anuncios de carácter propagandístico, sin ofrecer la necesaria explicación detallada de las políticas públicas que exige la Constitución.

La movilización de los profesionales de la salud, que muy pronto cumplirá los 30 días de intensa agitación social en defensa de sus derechos, dicho sea de paso garantizados también por la “Carta Magna”, tiene en esencia una sostenibilidad legal y su legitimidad se sustenta en la voluntad de negociar no sólo las ocho horas de trabajo, sino en conjunto la problemática que hace crisis en la salud y que es parte de la crisis generalizada que carcome al sistema democrático boliviano.

La coyuntura debiera ser el punto de partida para enfrentar el problema, mediante políticas claras, concretas y técnicamente concebidas con participación de todos los actores directos que gozan del conocimiento y la experiencia necesarios para hacerlo, de hecho descartando la irresponsabilidad, desconocimiento e inexperiencia. Sólo así se podrá proyectar una sólida propuesta para un periodo de larga data.