Exdefensor del Pueblo observa encubrimiento e impunidad

El exdefensor del Pueblo y asesor legal de los dirigentes del movimiento indígena en defensa del Tipnis, Waldo Albarracín, manifestó que después de un año de la represión policial a la octava marcha indígena en Chaparina, existe retardación de justicia, encubrimiento e impunidad.

“El avance es una palabra pero en la práctica no se ha consolidado. Existe poca investigación porque hay una instrucción política del Gobierno para garantizar la impunidad hacia los responsables. Con esto se comprueba que en el país no existe justicia y que hay una inseguridad jurídica”, aseveró.

Albarracín lamentó que pese a la vigencia del nuevo sistema judicial, que fue planteado como un “mejor ejemplo” al anterior y “al agotamiento” de los plazos regulares para el inicio de un juicio con los acusados identificados, la querella se encuentra “estancada”, imputándose solamente al exsubcomandante de la Policía, Oscar Muñoz y al exviceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán.

“Mientras que otros de los presuntos implicados por los delitos de secuestro, vejámenes y genocidio, como el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, o el ex jefe de Inteligencia de la Policía, Víctor Maldonado, se encuentran fuera del proceso y tienen otros cargos”, dijo.

Asimismo, recordó que los fiscales José Ponce y Patricia Santos, encargados del caso Chaparina, están denunciados por presunta retardación de justicia, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE, por parte de los querellantes del proceso.

Por otro lado, expresó que durante la jornada del 25 de septiembre del año pasado, muchos niños que recibieron agresiones, los cuales tampoco fueron investigados. Este es el caso del dirigente campesino Rafael Quispe, quien presentó una denuncia formal para que se investigue los golpes que recibió su hija de 12 años durante la represión.