Inconsecuencia chilena

El presidente chileno Salvador Piñera, a tiempo de referirse a las afirmaciones del presidente Evo Morales Aima, vinculadas al tema marítimo, amenazó y por poco no anunció el momento en que movilizaría a sus FFAA para invadir nuevamente Bolivia.

En otro momento señalé que Chile no cumple con el Tratado de 1904 en lo referente a ferrocarriles y que el problema marítimo por sus connotaciones económicas dejó de ser un tema geográfico. En efecto, según expertos de la CEPAL nuestro intercambio comercial vía Pacífico, motivado por nuestra mediterraneidad, comparado con los países del Mercosur que tienen mar abierto, tiene un recargo de 66% y comparado con Estados Unidos, es 240% más.

Jeffrey Sachs, economista norteamericano, como ratificando los anteriores conceptos sostiene que nuestro encierro geográfico, como consecuencia de la Guerra del Pacífico, tiene un costo de cuatro mil millones de dólares cada diez años, es decir 400 millones de dólares por año.

En consonancia, el 16 de diciembre de 2007 el señor Evo Morales, la señora Michelle Bachelet y el señor Luiz Inácio Lula Da Silva, en su condición de presidentes de Bolivia, Chile y Brasil, firmaron la “Declaración de La Paz” que tiene como objetivo sustituir al ferrocarril con un corredor carretero Atlántico - Pacífico, con una longitud de 6.174 Km., de los que 4.700 Km. están catalogados como de circulación permanente; exige también una inversión de 669 millones de dólares y Bolivia debe aportar 415 millones de la misma moneda.

Por si haga falta, repetiré que el Corredor Ferroviario Transcontinental Central tiene una longitud de 3.800 Km. Del Proyecto Aiquile – Santa Cruz, parte del Transcontinental, falta construir 380 Km. con un costo de 478 millones de dólares, incluye equipo rodante.

El corredor proyectado por la “Declaración de La Paz” debía inaugurarse en noviembre de 2009 con la participación del presidente Piñera en la localidad de Puerto Suárez. No se realizó por el anuncio del presidente Morales de acudir a tribunales internacionales para retornar al Pacífico.

Las amenazas de Piñera y de su Canciller contrastan con el contenido de la referida “Declaración” elaborada en Chile y por chilenos, que en parte saliente sostiene: “Reafirmaron que la unidad de acción de nuestros pueblos debe regirse por altos principios como la lucha por la dignidad humana, la erradicación de la pobreza, la reducción de las asimetrías, el fomento de la cultura de la paz, la promoción del desarrollo y la construcción de un espacio integrado en lo político, social, cultural, económico, financiero, turístico, ambiental y en la infraestructura. Este proceso deberá preservar el equilibrio de los ecosistemas”.

Como se observará, Chile escribe con la mano y borra con el codo. Por lo demás el presidente Piñera y sus aliados más cercanos saben que el Tratado de 1904 en sus diversos objetivos, como: libre tránsito a perpetuidad; inmunidad de jurisdicción y competencia exclusiva sobre la carga boliviana en tránsito por territorio chileno, sin que pueda ser interferida por autoridad alguna, y otros de igual valor jurídico, no se cumplieron. Sí fueron distorsionados y aplicados por más de 100 años en beneficio exclusivo de Chile.

Otra prueba elocuente: con la capitalización en sus manos, Chile destruyó intencionalmente la Red Andina de nuestro sistema ferroviario, y para completar sus objetivos geopolíticos destruyó también el F.C. Arica - La Paz, parte sustantiva del Tratado de 1904. Si de algún modo este ferrocarril dejara de operar, dicho tratado quedaría sin efecto.

Finalmente, la carretera por asfaltada que sea no puede sustituir al ferrocarril, sobre todo en largas distancias y para grandes volúmenes de carga. De ejecutarse la famosa “Declaración”, movilizar un millón de toneladas en 4.700 Km., tal como establece la “Declaración de La Paz”, tendría el costo por tonelada de aproximadamente 379 dólares. Con el ferrocarril, en la misma longitud, sería aproximadamente de 278 dólares por tonelada.

Una solución provisoria: en cabal interpretación del Tratado de 1904, el Puerto de Arica y el F.C. Arica – La Paz deben pasar a la responsabilidad administrativa de Bolivia. No es fácil, sin embargo la Cancillería debe saber qué medios diplomáticos y jurídicos puede utilizar para consumar esta sugerencia repetida, objetivo número uno de una gestión integral a futuro.