Absurdo ataque a la propiedad privada

Una iniciativa notable que el Ministro de Gobierno presentó al Legislativo, bajo el título de “Ley de extinción de dominio de la propiedad de bienes”, no se sabe si está destinada a combatir el contrabando, el narcotráfico y la corrupción anulando el derecho de propiedad o si éste está destinado a combatir dichos males.

El proyecto, en todo caso, originó poco menos que un levantamiento popular de rechazo a nivel nacional, con el grito contundente de que “se quiere cubanizar al país” y “privar al pueblo” de los pequeños bienes que posee, mientras a los grandes “capos” se les garantizaría los bienes malhabidos.

Tan grande fue la oposición de las masas populares al proyecto, que inclusive la Presidenta de la Cámara Baja lo calificó como carente de responsabilidad y que el autor de la misma -el Ministro de Gobierno- debía actuar con mayor cautela y no caer en errores que obligaron a los legisladores a corregir el texto en más de 60 puntos.

El proyecto de marras tiene como característica luchar contra los inveterados delitos que afectan a nuestra sociedad desde decenios atrás y la población no ha podido menos que mostrar satisfacción en relación con la lucha contra esas lacras que están destruyendo valores espirituales y materiales. Pero con lo que el pueblo no está de acuerdo es con que se afecte la propiedad y el derecho de propiedad de su patrimonio y mucho menos para combatir problemas que merecen otra clase de sanciones.

La lucha contra los delitos señalados es del todo justa y nadie la discute. Es más, de acuerdo con sus características se debe sancionar a los infractores de la forma más enérgica, con penas adecuadas que eliminen dichos males de raíz y no sólo superficialmente. Pero el pueblo (que apoya masivamente la medida en ese sentido) no está de acuerdo con que las sanciones se basen en la violación al derecho de propiedad e inclusive, se llegue a la incautación y confiscación de bienes privados a favor del Estado. Y es que significaría poco menos que el Estado se apodere de bienes particulares, sin que ello ponga fin al narcotráfico, el contrabando y la delincuencia, sino, por el contrario, se prolongue su existencia.

Se observa una abierta ofensiva oficialista contra la propiedad privada, la misma que de acentuarse podría provocar una reacción popular parecida a la que estalló contra el “gasolinazo” hace dos años. Esa “política” no puede dejar de ser vista como “antihistórica” y que va contra la lógica mundial, pues hace alrededor de 20 años hasta fue suspendida en Rusia y sus satélites. Inclusive últimamente Cuba (como China) está dando pasos de siete leguas para volver al respeto a la propiedad privada, ya que donde se negó este principio se causó no sólo la pobreza de las masas populares, sino el derrumbe aparatoso del sistema estatista.

Finalmente se podría concluir con que el proyecto de ley en debate peca, en el fondo, contra la propiedad privada y su título de “Extinción de dominio de los bienes a favor del Estado” sólo sería un eufemismo, pues en realidad debía llamarse “Ley de extinción de la propiedad”, vale decir que se está tratando de hacer pasar gato por liebre.