Gobierno minimiza impacto de nueva ley en sector cooperativo

Un senador del MAS demandó ayer la suspensión del tratamiento del proyecto de ley hasta lograr consensos. Fencomin recuerda que el Gobierno no advirtió artículos inconstitucionales en tres años de elaboración del proyecto. El ministro del sector ratifica que el Estado es la única instancia con prerrogativas para suscribir contratos de asociación.


LA LEY MINERA VA AL SENADO. LAS COOPERATIVAS INSISTEN EN MANTENER EL PROYECTO ENTREGADO AL PRESIDENTE EVO MORALES.

El ministro de Minería, Mario Virreira, minimizó ayer una posible afectación del proyecto de la Ley Minera sobre la situación legal de algunas cooperativas que a partir de la sanción legislativa de la norma deben readecuar su situación jurídica en el marco de la Constitución.

"Son alrededor de 20 casos de más de 1.600 cooperativas mineras que deben adecuar su situación legal conforme a la propia Constitución Política del Estado (CPE) y regularizar su vinculación con las empresas privadas”, dijo ayer en la radio estatal.

SUSPENSIÓN

Entretanto, el senador del MAS, Eduardo Maldonado, demandó a los poderes constitucionales suspender el tratamiento del proyecto de ley argumentando que el mismo no fue consultado con las regiones productoras y criticó el mantenimiento de las regalías (85 % para las gobernaciones y 15 % para los municipios productores) cuando los precios de muchos minerales se elevaron significativamente en el mercado.

FENCOMIN

A su turno, el máximo representante de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Alejandro Santos, insistió en dejar sin modificaciones el proyecto original entregado al presidente Evo Morales principalmente el artículo 151 del proyecto que el Gobierno considera inconstitucional. Días atrás el mismo dirigente advirtió que la modificación de este artículo implicaría el ajuste de por lo menos 70 artículos del proyecto.

La Cámara Baja aprobó el documento y se espera que el conflicto planteado por este sector ahora pase a la Cámara Alta donde continuará su consideración. Santos recordó en una entrevista concedida a una emisora local que el proyecto de ley original fue ajustado en los últimos tres años y donde el Gobierno nunca habría advertido sobre la inconstitucionalidad de ese artículo, pese a que participaron especialistas de varias entidades.

El ministro Virreira dijo que el Estado es la única instancia que tiene potestad para celebrar contratos de asociación y que si las cooperativas quieren hacerlo tendrán que cambiar su situación legal y transformarse en empresas "porque al ser cooperativas no tienen fines de lucro", añadió.

LOS ARTÍCULOS

Para la dirigencia de Fencomin, "los dos artículos observados (132 y 151) proponen que los contratos firmen las autoridades jurisdiccionales dependientes del Ministerio de Minería, pero sin embargo nos indican ahora que los contratos deben pasar a la Asamblea Legislativa, con lo que nos dicen que las cooperativas ya no pueden crecer más y eso significa cortar las alas de nuestro sector porque como dirigentes velamos nuestro futuro y atenta a nuestro sector", explicó.

En relación al art. 151, Santos alertó que se debe garantizar los ingresos del sector, "porque las cotizaciones pueden disminuir de valor en cualquier momento, razón por la que los contratos de asociación sean entre privados, estatal o entre cooperativas, con la finalidad de subsistir en el tiempo", remarcó.

BRIGADA CRUCEÑA

En conferencia de prensa, el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Andrés Gallardo, el diputado Juan Carlos Becerra y Antonio Franco se refirieron a la Ley de Minería, denunciando que "una vez más el Gobierno nacional habría maniobrado en contra de Santa Cruz, debido a la falta de consenso de los departamento mineros y el mismo Gobernador de Potosí, quien manifestó el desconocimiento de esa normativa".

OTROS ACTORES

El diputado Maldonado insistió en postergar el tratamiento de la norma con la finalidad de poder encontrar consenso en el tratamiento del proyecto. Pidió la inclusión de otros actores como es el caso de los regantes, al Concejo de Ayllus y Markas del Conamag, asimismo a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).

"Existe la necesidad del consenso si no queremos enfrentar al país y se debe consensuar no sólo con los sectores productivos mineros, pero no puede ser que esta Ley se trate a puerta cerrada con una comisión de los cuatro sectores corporativizados. No puede ser que el viejo código minero de Gonzalo Sánchez de Lozada de 1967 donde las alícuotas eran bajas ahora se pretenda mantener, cuando en la actualidad el valor de los minerales se han incrementado", señaló.

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