Alta indemnización por Guaracachi

Al final de un arbitraje internacional, así como dilatadas negociaciones entre el Estado boliviano y la firma británica Rurelec, las dos partes han llegado a un acuerdo por el cual el gobierno de Evo Morales pagará a la empresa afectada la suma de 31.534.613 dólares por la nacionalización del 50 por ciento de sus acciones, el 1 de mayo de 2010. La compensación será pagada por el Tesoro General de la Nación, vale decir con fondos provenientes de la economía popular.

El 1 de mayo del año 2010, el Gobierno estatizó el 50,01 por ciento de las acciones que tenía la firma estadounidense Guaracachi America Inc. -subsidiaria de Rurelec- en la Empresa Eléctrica Guaracachi. Inicialmente, el monto demandado por la firma Rurelec era de 142,96 millones, total que el Gobierno no aceptó pagar, por lo cual la firma afectada acudió a un trámite de arbitraje en materia de inversiones.

El trámite ante la corte Permanente de Arbitraje de la Haya avanzó hasta enero del presente año, cuando el organismo internacional emitió un laudo arbitral que obligó a Bolivia a cancelar 36.023.114 dólares como compensación de la estatización de la eléctrica, además de intereses por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2010 y el 31 de enero de 2014.

Además de ese monto, el Gobierno boliviano debía cancelar otros 5.781,736 dólares por una deuda por dividendos que la EGSA tenía con su accionista Rurelec PLC. Esa acumulación originó que el monto de la deuda boliviana ascienda a 41.804.850 millones de dólares, originando, en esa forma, una notable erogación para el Estado boliviano.

Sin embargo, debido a una actitud particular, Rurelec renunció a cobrar 1.472.070, aludiendo que reconocía que tenía obligaciones pendientes con el Estado boliviano. Al mismo tiempo, esa firma desistió del 35 por ciento de los intereses que formaban parte del monto a ser cancelado.

Finalmente, la negociación estableció que en forma definitiva debe cancelar a la firma expropiada la suma de 31.534.613 dólares, o sea con una reducción del 32 por ciento en relación con la suma inicial de 41.804.850 establecida por la Corte, o sea una reducción de algo más de 10 millones de dólares. La compensación a Rurelec ha sido una de las cinco negociaciones cerradas por procesos de “nacionalización” a los que acudió el Gobierno, quedando todavía otras por resolverse.

Por esa indemnización se consolidó el derecho propietario de la empresa. En todo caso, aunque el monto de la indemnización fue reducido en algún porcentaje, es de señalar que el costo que deberá pagar el Estado boliviano por una medida inesperada, resultó muy elevado, pues más de 31 millones de dólares tienen alto significado para la economía nacional y, como aseguran los especialistas, con ese monto se podía haber construido otra planta hidroeléctrica y no acudir al procedimiento de gastar energía (gas) para producir enérgica eléctrica, como está ocurriendo en algún proyecto.