Argentina solicita a EEUU emitir posición por denuncia ante CIJ

Buenos Aires.- El Ejecutivo argentino elevó ayer la presión sobre el Gobierno estadounidense en el marco del conflicto de la deuda e instó a Washington a pronunciarse sobre la denuncia presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

“Al día de la fecha Estados Unidos no ha contestado si acepta o no acepta dirimir la controversia con la Argentina en el Tribunal Internacional”, destacó ayer el canciller argentino, Héctor Timerman, durante una rueda de prensa, informó Efe.

El Gobierno de Cristina Fernández denunció a Estados Unidos en La Haya por lo que considera una “violación directa a la soberanía, emanada de una decisión judicial de Estados Unidos” en el conflicto por la deuda, según Timerman.

“EEUU debe asumir la responsabilidad por los actos ilegales del juez Thomas Griesa”, afirmó el canciller respecto al fallo favorable a los fondos especulativos tenedores de bonos no sujetos a la reestructuración de la deuda y denunciaron a Argentina para cobrar el monto íntegro que está en mora desde 2001.

Según el Gobierno argentino, Estados Unidos debe responder por “estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad de otro estado miembro de la ONU”, para que la Argentina “no pueda llegar a cumplir el pago de los bonos, forzando su decisión soberana de reestructurar su deuda”.

El canciller desmintió que Estados Unidos haya manifestado una postura oficial sobre la denuncia, pese a que funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro, que pidieron no ser identificados, rechazaron la jurisdicción de la CIJ en declaraciones a los medios.

También afirmó que la demanda se presentó pese a saber que Washington no reconoce obligatoriamente la jurisdicción de La Haya y que en otras ocasiones ha desconocido sus sentencias.

El canciller explicó que la denuncia no es contra los fondos demandantes sino “contra Estados Unidos, en el marco de una controversia entre estados”, ya que éste debe hacerse responsable de las actuaciones de todos sus órganos, ya sean legislativos, ejecutivos o judiciales, según las resoluciones de Naciones Unidas.