Juicio de responsabilidades necesario, pero tardío

Pasados casi veinte años y con gran despliegue publicitario, el Poder Legislativo estudio y aprobó la realización de un juicio de responsabilidades a ex gobernantes y dirigentes del MNR y ADN por la política de capitalización que llevaron a efecto en los años 1990-2000 y según la cual fueron vendidas, a particulares, empresas públicas estratégicas de la Nación y del Estado bolivianos.

Un comentario previo. Primero, se trata de un juicio de responsabilidades necesario, pero tardío. Segundo, ya en 1998, el autor de esta nota junto a Juan Carlos Lazcano y Aníbal Michel presentaron ante el Congreso una proposición acusatoria contra Gonzalo Sánchez de Lozada por traición a la Patria, por haber traspasado propiedades de la Nación al Estado y enseguida haber enajenado bienes inalienables e imprescriptibles de propiedad de la Nación, cometiendo en esa forma dos delitos: hurto y estelionato.

Se remarcó que esas ventas constituyeron la desnacionalización de empresas nacionalizadas desde 1952. Así mismo se denunció la anulación de todos los avances democráticos a favor de los campesinos y el retorno a un régimen neofeudal mediante la Ley INRA. Se destacó también otros aspectos que están publicados en el folleto de amplia circulación titulado “Juicio de responsabilidades por traición a la Patria, a Gonzalo Sánchez de Lozada, ex Presidente de Bolivia”.

Esa proposición acusatoria fue presentada y admitida formalmente por el Congreso en enero de 1998, pero no fue procesada y, por el contrario, fue archivada. Desde entonces, la misma proposición fue desconocida varias veces por otras gestiones legislativas, incluyendo la presente.

La lucha contra la política antinacional y antidemocrática empezó desde el momento en que el MIR dictó el decreto de “privatización” de las empresas públicas, el mismo que fue seguido por los gobiernos de Sánchez de Lozada y Hugo Banzer con el título de “capitalización”, en la época llamada del “Decenio Infame”, proceso que fue documentado en la publicación titulada “La batalla contra el “gonismo neoliberal” (Editorial La Paz. Abril. 2012).

Ahora con demora considerable se presentó otro juicio de responsabilidades con notables vacíos, dejando, por un lado, al margen del enjuiciamiento a varios responsables de ese proceso capitalizador e incluyendo a otros que no lo son.

En todo caso, la nueva acción judicial se dirige a causas secundarias, en la misma forma que el juicio “por los muertos durante la guerra del gas” y otros de menor cuantía y se olvida la causa principal del problema, que consistió en que esa política privatizadora y capitalizadora no sólo enajenó bienes nacionales sino que políticamente condujo a Bolivia a una condición semicolonial y, al mismo tiempo, sirvió para que retroceda de contenido democrático al semifeudal e inclusive esclavista y comunitario, retroceso histórico que hizo dar al país un “salto” atrás de más de cincuenta años.

Se debe remarcar que el juicio de responsabilidades de nuestra autoría tuvo el objetivo de denunciar la política entreguista de los tres gobiernos de la década infame para corregir sus alcances y rectificar ese proceso, para que, en esa forma, el país retorne a la condición nacional y democrática, y no sólo para sancionar a sus autores que, por no ser juzgados por aspectos de fondo del problema, aparecen como inocentes de delitos mayores. Es más, el país corre el riesgo de que al no haberse puesto fin a las políticas económicas de esa época y que no han sido corregidas y continúan en vigencia, se repitan con agravantes y el país caiga a niveles más profundos de presión y miseria.

En diez años que dura el actual Gobierno, se podía haber procesado a los autores de las políticas anti históricas y rectificado los alcances de su aplicación. Sin embargo, se puede observar que las medidas “neoliberales” dictadas y los resultados de su aplicación no fueron rectificados y más bien continúan en aplicación, por lo que el régimen se limita a ser administrador de lo que ahora dice criticar.