Remiten 114 declaraciones juradas con sospecha de ganancias ilícitas

En los últimos cuatro años el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción remitió a la Fiscalía General y la Contraloría General del Estado (CGE), al menos 114 Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR), pertenecientes a igual número de servidores públicos, que tienen serias sospechas de “presunta legitimación de ganancias ilícitas e inconsistencias en la información proporcionada” reveló ayer a EL DIARIO la titular de esa cartera ministerial, Lenny Valdivia.

En coordinación con la Contraloría General del Estado (CGE), como órgano rector del sistema de Declaraciones Juradas y Rentas, el ministerio puso en marcha disposiciones institucionales de verificación en varias instituciones públicas consideradas “sensibles y de alto riesgo”, comentó la autoridad, al término de la reunión del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción que se llevó adelante el fin de semana en la ciudad de La Paz.

La verificación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas que viene realizando el ministerio desde la gestión 2013, buscan “establecer y constatar que la información declarada por el servidor público, sea veraz, razonable y sobre todo íntegra”, señaló Valdivia.

ENTIDADES

De esta manera y en sujeción a indicadores, parámetros y criterios de clasificación, que elaboró el ministerio de Transparencia, se procedió a revisar Declaraciones Juradas en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Ypfb), entre 2013 y 2014.

En la empresa estatal petrolera, se verificaron 79 expedientes de los cuales 47 casos fueron remitidos a la Fiscalía General con “inconsistencias” en la información proporcionada, precisó Valdivia.

De igual manera, entre el 2014 y 2015, el ministerio realizó una verificación de las DJBR en el Ministerio Público, Órgano Judicial y la Policía Boliviana.

En las tres instituciones públicas, a las cuales calificó de “sensibles y de mucho riesgo” se realizaron 105 verificaciones de Declaraciones de los cuales 50 casos fueron remitidos a la Contraloría General del Estado, indicó.

Las actividades de fiscalización también llegaron a la Aduana Nacional entre 2015 y 2016. En la institución fueron verificadas un total de 120 Declaraciones Juradas, de los cuales en 17 “casos (se han) advertido que hay presunta legitimación de ganancias ilícitas y (los expedientes) fueron enviados a la Fiscalía General del Estado”, subrayó.

PLAN 2016-2017

En el marco de las políticas de lucha contra la corrupción pero también la prevención, el consejo nacional aprobó asimismo que entre 2016 y 2017 se realizarán 90 verificaciones de oficio a Declaraciones Juradas de servidores públicos que pertenezcan a un total de 18 entidades públicas de nivel nacional, departamental y municipal que “manejan la mayor cantidad de recursos públicos de inversión”, dijo la ministra.

ABC

Entre las instituciones que serán sometidas al observatorio riguroso de Declaraciones Juradas, mencionó a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Según Valdivia en la entidad serán sujetos de verificación 120 cargos considerados estratégicos y sensibles en la estructura organizacional. Se decidió elegir a la ABC, al ser una “entidad pública que maneja y administra recursos económicos importante en el ejercicio de sus funciones, por ende, sensible a la comisión de hechos y delitos de corrupción”, apuntó la autoridad ministerial.

Pero, además, por primera vez y en las instituciones identificadas, serán incluidas las Declaraciones Juradas de tres cargos jerárquicos: del Director Administrativo Financiero (DAF), los responsables de Procesos de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), y el Responsable de Proceso de Contratación de Licitación Pública (RPC), mencionó Valdivia.