Ineficiencia administrativa

La incapacidad al no prever la crisis del agua en las ciudades de La Paz y El Alto y el trágico accidente de aviación de la empresa LaMia en Colombia han puesto al desnudo la ineficiencia administrativa de la que, en general, adolece el aparato estatal boliviano. Al mismo tiempo, se ha planteado la urgente necesidad de adopción de medidas inmediatas para que esa deficiencia no siga precipitando al país a una situación aún peor.

La crisis del agua se debió, a ojos vistas, a la pésima labor administrativa de la oficina burocrática Epsas, hecho que, por un lado, causó el malestar general, en especial de alrededor de un millón de personas que viven entre las ciudades de La Paz y El Alto y, por otro, la decisión oficial de alejar de sus funciones a los ejecutivos de esa dependencia y, a la par, el anuncio de medidas de último momento para superar el problema con proyectos hidráulicos por valor de ochenta millones de dólares.

Otra prueba ostensible de la ineficiencia administrativa de los mecanismos del Estado fue el doloroso accidente de aviación de LaMia, el cual por causas ya establecidas, provocó la muerte de 71 personas, entre ellas todo el personal de un prestigioso equipo de fútbol de Brasil, episodio luctuoso que también originó la remoción del personal superior de Aeronáutica civil.

La responsabilidad de lo sucedido en ambos casos fue atribuida por autoridades del gobierno a altos funcionarios de esas dos entidades estatales, los mismos que fueron alejados de inmediato por graves faltas en el desenvolvimiento de sus funciones. Las acusaciones iniciales fueron por irresponsabilidad, tráfico de influencias, bajo nivel técnico y otros, lo que permite preguntar ¿por qué tales personas fueron electas para esos cargos?

Sin embargo, las denuncias a esas dos oficinas públicas (Epsas y Aeronáutica) son solo muestras aisladas del grado de ineficiencia en que se encuentran casi todas las dependencias del Estado Plurinacional, como muestran informaciones oficiales y extraoficiales.

En efecto, no solo esas dos instituciones revelan desastroso funcionamiento administrativo, sino también otras muchas donde se registró corrupción, fracasos financieros, incapacidad técnica y varios otros delitos, con el agravante de que no se tomó las medidas del caso. Al respecto, solo cabe citar el caso del aparato judicial que desde hace diez años es acusado de graves deficiencias, sin que se haya hecho algo para acabar con el mal. Lo mismo sucede en varios ministerios, empresas estatales, dependencias públicas, etc., donde se producen actos contra la seguridad de la Nación y el Estado, como en el caso del Fondo Indígena y otros, con el agravante de que se los olvida o disimula, para que queden en cero.

Solamente queda decir que la calamitosa administración pública está generalizada y que la nave del Estado navega sin timonel ni brújula en medio de un mar embravecido, haciendo aguas y sin saber a qué puerto debe llegar.