Regulación en materia de telecomunicaciones

Uno de los aspectos más importantes del sector de las telecomunicaciones es la constante actualización del estudio de áreas no convencionales de las ciencias jurídicas. Probablemente nunca antes oímos mencionar temas sobre los nuevos servicios que van surgiendo por el avance tecnológico. Hoy precisamente ese es el reto del profesional del Derecho, que se desempeña rodeado de ingenieros y economistas.

Hoy se debe dejar atrás textos de legislación de la industria de las telecomunicaciones. Se hace importante la transparencia en las relaciones comerciales multilaterales, así como en los procedimientos y trámites administrativos necesarios para la obtención de permisos, licencias y autorizaciones.

Las legislaciones modernas buscan por todos los medios resolver dificultades, llegando al diseño de mecanismos verdaderamente innovadores en lo que respecta a garantizar la operación de varios concesionarios en un mismo territorio, siempre que ello sea posible de acuerdo con las recomendaciones internacionales.

Las nuevas legislaciones sobre la materia buscan la creación de procedimientos pluralistas en la asignación de frecuencias y en la atribución de las mismas.

Actualmente en todos los países han sido adoptadas nuevas legislaciones en materia de telecomunicaciones En todas estas nuevas legislaciones se ha acogido principios generalmente aceptados en diferentes recomendaciones de UIT.

El regulador en Bolivia, la ATT, debe ser capaz de actuar conforme a los principios técnicos que gobiernan la materia y hasta conocer el último recurso de los abogados. Sin duda, la equidad debe imponerse como política de regulación.

Telecomunicaciones es uno de los sectores más dinámicos de la economía y uno de los que más pueden contribuir a crecimiento, productividad, empleo y, por tanto, al desarrollo económico y bienestar social, afectando directamente al círculo de protección de los intereses generales.

Es necesario un contrapunto a la reducción de cargas y obligaciones impuestas a los operadores. La ley debe reforzar el control del dominio público radioeléctrico y las potestades de inspección y sanción, facilitando la adopción de medidas cautelares y revisando la cuantía de las sanciones.

En definitiva, los criterios de liberalización del sector, libre competencia, de recuperación de la unidad de mercado y de reducción de cargas, deben aportar seguridad jurídica a los operadores y crear las condiciones necesarias para una competencia efectiva, para inversiones en el despliegue de redes de nueva generación y la prestación de nuevos servicios, de modo que el sector pueda contribuir al necesario crecimiento económico del país.

Actualmente la evolución tecnológica nos sitúa en una nueva etapa -de extensión de redes de nueva generación-, que obliga a los poderes públicos a reflexionar sobre la importancia de la función regulatoria.

La declinante situación económica y financiera que afecta a una gran parte de los países, como Bolivia, y la necesidad de fomentar la inversión e impulsar la competencia, son elementos esenciales a considerar en la revisión del Marco Regulador.

El sector de las telecomunicaciones, sujeto a un proceso de permanente innovación tecnológica, necesita constantes e ingentes inversiones, para lo que se requiere acometer proyectos de gran envergadura, que pueden verse afectados si se exigiera asegurar un marco regulatorio claro y estable que fomente la inversión, proporcione seguridad jurídica y elimine las barreras que están dificultando el despliegue de redes, y un mayor grado de competencia en el mercado, lo que en mi criterio es fundamental en las actuales circunstancias de la dinámica tecnológica.