Ilegal e impune explotación de oro

El departamento de La Paz posee una gran riqueza aurífera, pero no alimenta su economía y tampoco beneficia al Estado con impuestos. En especial Tipuani, Mapiri y Guanay son los centros de mayor explotación, tanto en los cerros como en los ríos. No son novedad las recientes denuncias de comuneros de Mayaya y Teoponte sobre la presencia de súbditos chinos y colombianos dedicados a esa actividad ilícita. Por décadas atrás tiene lugar la explotación de oro en el Norte de La Paz, sin excluir a extranjeros. En el departamento de Pando, frontera con el Perú, a su vez, se registra similar extracción de oro en ríos, en este caso por peruanos y brasileños, como si lo hicieran en su propio territorio.

Sin embargo, en regiones del Altiplano paceño se repite esta situación. El río Suches fronterizo con el Perú es rico en oro. La naturaleza dota del precioso mineral en el margen u orilla boliviana y muy escaso o inexistente en la banda del otro país. Los explotadores peruanos asisten con dragas de alto tonelaje mediante acuerdos o convenios con sus pares nacionales. Tanto la Policía como los militares no lograron establecer ninguna vigilancia porque como en el Norte, se trata de cooperativas, aliadas del Gobierno. En el lugar existe un campamento a base solamente de calaminas que en una supuesta intervención permita una rápida evacuación. Los cubículos de calamina albergan sucesivamente una tienda, una cantina y un lenocinio. Las meretrices son en especial extranjeras de alta cotización, confirmando la riqueza que se halla en juego.

Esta explotación no genera regalías ni impuestos o lo hace en una proporción miserable. El Senarecom, dependiente del Ministerio de Minería -pese a su sonora denominación- no acciona ni en concepto de control de licencias de extracción ni de cotizaciones a favor del Estado. Por su parte, el ministro de Minería, César Navarro, habitualmente anuncia inspecciones, de las que no se conoce ninguna conclusión, tal como ocurrió con el Illimani.

Denuncias efectuadas en esta casa editorial, señalan la actividad de unas 32 comercializadoras ilegales de oro que se ocupan de hacer fugar un 60% de la explotación del Norte de La Paz. Otra parte de la producción pasa por la Aduana pero encubierta como si se tratara de deshechos o poco menos que basura del precioso mineral. ¿Complicidad de por medio?

La Gobernación tampoco hace mucho, sin embargo, anuncia un proyecto de ley departamental de Concesión Minera y Regalías. No se le augura porvenir porque el Gobierno se atribuye el monopolio de las concesiones o, por lo menos, la gobernación deberá batallar mucho. Entre idas y venidas La Paz es la perjudicada, no de ahora sino de siempre, al drenar una riqueza perecedera sin beneficio alguno.

Además la irracional explotación deforesta, daña el medio ambiente y, sobre todo, contamina los ríos por el uso de enormes cantidades de mercurio, con lo cual se extinguen los peces fluviales. Es la peor forma de atentar contra la Madre Tierra que el Gobierno del MAS dice defender.