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Puerta del Sol, detrás del museo colonial

Samuel Castellón Arce

Se trata de la construcción de la Casa Grande del Pueblo, cuya inspiración (en estilo) se atribuye el Vicepresidente, y constituye para él, la esencia de la arquitectura del Centro Ceremonial de Tiwanaku. El propulsor de esta obra, al comenzar 2017, manifestó su complacencia recalcando que será una copia de la Puerta del Sol. Ante esa desproporcionada comparación, se mencionó unas líneas de la obra de Simone Waisbard: “no se puede comparar con la obra máxima del arte fantástico de los pueblos de Los Andes y una de las maravillas arqueológicas de América”.

La Casa Grande del Pueblo, en versión del vicepresidente Álvaro García, será la nueva residencia del Ejecutivo, edificio totalmente diferente al Palacio Quemado. En 2014 se proyectó la construcción del nuevo Palacio de Gobierno en la parte posterior, con su entrega y seguramente estreno de las instalaciones, en marzo de 2018. Tendrá 29 plantas, sauna, gimnasio, helipuerto y, quién sabe, algunos conductos de “emergencia”. Este edificio debe contar con salones para diversos propósitos, dependiendo de qué es lo que se tiene que tratar; con varios despachos, uno exclusivo para el Ministro de la Presidencia. Será el recinto al que, sin mayores formalidades, van a tener acceso las hermanas y los hermanos, adeptos y seguidores del proceso de cambio; serán atendidos por las 1012 personas, que se dice, albergará en las varias reparticiones. Este edificio para el presidente Evo Morales representa la nueva realidad boliviana y su gobierno anticolonial.

En 1846, el presidente, Gral. José Ballivián, había ordenado la demolición de la estructura en la que, inclusive, se contaba con una cárcel (segundo patio), y se dio inicio a la construcción de uno nuevo, estrenado por Isidoro Belzu en 1853. El 20 de marzo de 1875, durante el gobierno de Tomás Frías, una turba intentó asaltar el edificio, pero al no lograrlo, se pertrecharon en la Catedral, desde donde arrojaron antorchas y provocaron un gran incendio que ocasionó el derrumbe de una planta alta y una destrucción de proporciones.

Desde entonces, las actividades del Ejecutivo se trasladaron al inmueble de la calle Ayacucho, esquina Potosí, donde actualmente se desarrollan algunos eventos bajo el auspicio del Ministerio de Culturas. Históricamente, por el mencionado incendio el Palacio de Gobierno fue llamado Palacio Quemado. Y el edificio al que fueron trasladadas las actividades del gobierno de Tomás Frías, tomó el denominativo de Palacio Chico.

Años después, dentro del Palacio se habría hecho modificaciones, lo que posteriormente, por una ley, ya no fue posible continuar. Entonces el gobierno del MAS decidió expropiar inmuebles aledaños, derrumbarlos para justificar vasta superficie que le procure la ejecución de su proyecto, fijando los cimientos y elevar las estructuras del “sindicato vertical” que, según profesionales de la rama, rompe la armonía arquitectónica del Centro Histórico de La Paz.

Esos dineros utilizados en la construcción del improductivo nuevo palacio, debieron haber sido canalizados para solucionar el problema de hacinamiento, cada día mayor, del penal de San Pedro. Juan Carlos Canaza escribe: “La cárcel de San Pedro fue construida para albergar a 500 personas, pero en la actualidad existe sobrepoblación. En 2015 se dio a conocer que este recinto contaba con un total de 2.333 presos, entre los que tienen sentencia ejecutoriada y los detenidos preventivos”.

Esa sobrepoblación, desde 2015 a la fecha, debe superar todo cálculo y los reclusos, para optar un espacio, dicen, pasan por una suerte de maltratos, lo que está en contraposición a lo que postulaba el numeral 27, Humanidad del encarcelamiento, de los Principios Fundamentales de la abrogada Ley 1005: “Los establecimientos de privación de libertad reunirán condiciones de habitabilidad y salubridad acordes a la dignidad humana, debiendo evitar el hacinamiento, así como la imposición de medidas humillantes o degradantes en contra de quien se encuentra privado de libertad”.

Creo que es tiempo de que el presidente Morales instruya la construcción, no de palacios, sí de un nuevo penal, obra positiva que le permitirá pronunciar con tono mayúsculo su slogan: “Bolivia digna y soberana en el 2025”.

 
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