El mandato de la presidenta Añez

La propuesta de que sea la Presidenta del TSJ la que asuma la presidencia en lugar de la actual presidenta Jeanine Añez, arguyendo que el 22 del presente finaliza el mandato de las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo, es inconstitucional. La propuesta parece tener una connotación más compleja, un metamensaje que no queda resuelto con señalar que aquella propuesta desconoce flagrantemente el Art. 169 de la CPE; puede ser explicable que algún posible candidato que lanzó la misma idea desconozca la Constitución, pero tratándose de la bancada masista en funciones legislativas, debe haber algo más.

Ese algo más aparece en: a) el rechazo a la ley por la que los candidatos deberían debatir sobre sus proyectos de gestión de gobierno; b) la interpelación de los parlamentarios del MAS a dos ministros a quienes se atribuye el incumplimiento de compromisos de pacificación entre el MAS y el actual gobierno; c) mantener la tensión preelectoral para sostener viva la vigencia del MAS frente a las próximas elecciones nacionales; d) algún comentarista ha hecho notar que el interés del MAS en la actual etapa es dirigir el proceso electoral al mando de una nueva Presidenta, que sería la actual Presidenta de la Cámara de Senadores que es del MAS; e) establecer la base de negociaciones para conseguir la ampliación del mandato del Legislativo como del Ejecutivo, hasta la posesión del nuevo gobierno, arguyendo que el Ejecutivo no puede funcionar sin el Legislativo; f) ampliar el mandato del Poder Legislativo es conservar un mecanismo útil de fiscalización sobre el ejecutivo y los otros órganos de poder, y contar con un arma poderosa de negociación cuando sea necesaria.

La bancada del MAS está consciente de que tiene en sus manos el poder de decisión de la ALP, pero también con limitaciones para influir decisivamente en el proceso electoral en curso. Hasta podría promover leyes que le favorezcan partidariamente, como la que intentó con la ley de garantías constitucionales, sólo para proteger a sus dirigentes, iniciativa que chocó contra el muro de la opinión pública y el anuncio de la presidenta Añez de no promulgarla. La Presidenta de la Cámara de Senadores tenía plenas facultades para promulgar aquella ley, pero no se atrevió ni se arriesgó a provocar el repudio de la opinión pública.

La segunda oportunidad en que hizo sentir su peso fue en la selección y elección de los vocales de la OEP, con serias sospechas de haber logrado elegir a más de un masista; si prosigue el nombramiento del Defensor del Pueblo con seguridad requerirá de la mayor transparencia posible en la selección de los candidatos y la elección, en cuanto la bancada del MAS no ha dado señales como para confiar en que su conducta se ajuste a las reglas de la democracia y no a sus pretensiones partidarias.

Extrañamente, el gobierno no ha defendido legalmente su mandato, y cierto aislamiento de los movilizados que fueron los protagonistas de la renuncia de los caudillos del MAS le ha privado de suficiente fuerza y la de su bancada ante la mayoría parlamentaria masista, no obstante, políticamente su mayor fortaleza continúan siendo los movilizados de octubre y noviembre.

¿Es inevitable ampliar el mandato de la presidenta Añez y del Poder Legislativo, o la única posibilidad de ampliar el mandato de la Presidenta es ampliando el mandato del Legislativo? ¿Es un combo inseparable?

En lo que concierne al mandato de los asambleístas, la Constitución no da lugar a interpretaciones, es tajante en señalar que la gestión del mandato de las autoridades es de cinco años (Art. 156; CPE). Las atribuciones de la ALP están señaladas, sin mención a que pueda introducir modificaciones sobre este tema ni sobre otros en el texto constitucional.

La ampliación del mandato de la presidenta Añez es el reto más urgente para su equipo de juristas, sin tragarse el combo.