Exdiputado Barral pide intervención oficial a juicios contra consejeros de la Magistratura

El exdiputado y candidato a la Alcaldía de La Paz, Amilcar Barral, solicita al Gobierno intervenir en los juicios de responsabilidades que permanecen en la Asamblea Legislativa, en contra de tres consejeros de la Magistratura, los que están por extinguirse debido a recursos jurídicos que presentaron los denunciados.

El exlegislador recordó que sobre los consejeros Omar Michel, Gonzalo Alcón y Dolka Gómez, existe un juicio de responsabilidades por la designación ilegal de 169 jueces en todo el país, con pruebas, documentos, testigos y víctimas múltiples, cuyo monto de extorsión y cobros irregulares suman dos millones de dólares, aproximadamente.

“Este proceso llegó hasta la emisión de informe de imputación formal, aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia Plural, en septiembre de 2020, actualmente tiene una apelación pendiente, porque la Comisión de Constitución de forma irregular benefició a los consejeros tratando de anular obrados en más de una oportunidad”, explicó a EL DIARIO el candidato Barral.

DESIGNACIONES

IRREGULARES

Barral apuntó que la Comisión de Justicia Plural y Ministerio Publico, de la gestión 2019 – 2020, evidenció que en fecha 11 de octubre de 2019, se designó como juez de Instrucción Penal de Cochabamba a Wilson G. S. P., quien tiene sentencia N° 47/2019 de 30 de julio de 2019.

Asimismo, refirió que en fecha 10 de octubre de 2019, se nombró al abogado Freddy G. Ch. C., como juez de Instrucción Penal de El Alto, actualmente, sometido a un proceso penal en su contra por soborno a víctimas de feminicidio, cohecho, falsedad material e ideológica.

En fecha 10 de octubre de 2019, se designó a Ana A. Q. C., como juez Público Civil de Oruro, quien es la esposa del actual asesor de Presidencia del Consejo de la Magistratura, Rafael P. T. L.

En fecha 10 de octubre de 2019, se designó como juez Público Mixto Civil y Comercial, de Santa Cruz, a Julio C. G. C., quien fue destituido como juez Disciplinario del Distrito Judicial de Pando.

Asimismo, Barral en coincidencia con el exlegislador, Víctor Borda, refirió que designó a los peores calificados, reprobados, a los que ocuparon el quinto, sexto y séptimo lugar, excluyendo a los mejores calificados.

Entre otras irregularidades cometidas por los consejeros está el traslado de jueces de provincia a capital, de forma discrecional y la designación de “amigos y funcionarios del Consejo de la Magistratura” como jueces.

JUECES CON

PROCESOS PENALES

Se designaron como jueces a 19 personas que tenían procesos penales en curso, por delitos que van desde incumplimiento de deberes hasta estafa y robo.

Ante la Comisión de Justicia Plural declararon testigos que indicaron que para la designación de jueces, los consejeros cobraron entre 15.000 a 25.000 mil dólares.

PRUEBAS

Barral apuntó que en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, se quedaron pruebas como documentación probatoria, declaraciones de testigos y víctimas, audios, declaraciones informativas, más de 1000 hojas de pruebas recolectadas durante más de un año de investigación, mismas que confirman las designaciones ilegales y los cobros por “venta de pegas”.

IMPUTACIÓN

El exlegislador recordó que en septiembre de 2020, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, aprobó, por unanimidad, el informe preliminar, Cmpdle N° 11/2019-2020 de imputación formal, por los delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, concusión, incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales, previstos en los artículos 146, 147, 151, 154 y 157 del Código Penal, contra Gonzalo Alcón Aliaga y Dolka Vanessa Gómez Espada, con daños económicos al Estado que superan los dos millones de dólares, con víctimas múltiples, provenientes de cobros por venta de cargos y otras extorciones.

TRÁMITES

IRREGULARES

El candidato a la Alcaldía de La Paz, lamentó que en el lapso de esta gestión que concluye, la anterior Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, haya emitido resoluciones con la finalidad de “encubrir, proteger y beneficiar de forma abierta y directa los actos de corrupción de los Consejeros de la Magistratura”.

Refirió la resolución CD-CCLSE Nº 004/2019-2020, de fecha 12 de mayo de 2020, mediante la cual la Comisión de Constitución, “usando datos falsos”, como que las actividades públicas se hubieran suspendido en Bolivia desde el 12 de marzo de 2020, determinó la suspensión retroactiva de los plazos procesales.

“Bajo el nombre de suspensión, lo que en realidad se hace es anular obrados desde el 12 de marzo de 2020, anulando así la primera imputación formal incluso, obviando una recusación formal de su Presidente, quien emite esta resolución sin estar habilitado al efecto”, dijo.

Otra resolución que hizo referencia el exlegislador es a la CCLSE - JR Nº 08/2019-2020, de fecha 06 de octubre de 2020, con la que se anuló obrados, hasta la notificación con la denuncia, después de que la Comisión de Justicia Plural aprobara el informe preliminar de imputación formal, beneficiando con ello a los consejeros imputados.

“Actualmente este proceso se encuentra en instancia de apelación en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este proceso, está a punto de extinguirse debido a las chicanas y artimañas de protección y encubrimiento que se fueron procesando desde la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral”, lamentó.

NUEVA DENUNCIA

Por otro lado, la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados notificó el viernes a los consejeros Michel, Alcón y Gómez, para que declaren en el marco del juicio de responsabilidades, iniciado por el Ministerio de Justicia por supuesto incumplimiento de deberes.

“Como Comisión de Justicia ya se ha notificado a los tres consejeros de la Magistratura”, informó el viernes, el presidente de comisión, Andrés Flores, aunque no precisó fechas.

El 27 de noviembre, el ministro de Justicia, Iván Lima, instauró un juicio de responsabilidades contra los tres consejeros por el delito de incumplimiento de deberes. Se trata del primer juicio de responsabilidades que promueve el gobierno de Luis Arce. La denuncia fue presentada ante la Cámara de Diputados para el inicio del trámite legal.

Al respecto, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Dolka Gómez, anunció que los miembros de esa instancia asumirán la denuncia presentada por el titular de justicia.

El Ministro de Justicia cuestionó en reiteradas ocasiones el trabajo de los consejeros, debido a que no cubrieron oportunamente las acefalías en el Órgano Judicial y por el nombramiento de jueces, sin respetar la meritocracia.

MEDIDA CAUTELAR

DEL TCP

Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Elizabeth Cornejo, Gonzalo Hurtado y Petronilo Flores, emitieron un auto de medida cautelar que deja sin efecto el artículo 39 de la Ley 612, que evita juicios de responsabilidades contra autoridades y la suspensión de los Consejeros de la Magistratura, quienes fueron imputados por irregularidades, informó el exdiputado Víctor Borda.

“El Tribunal Constitucional ha suspendido todo juicio de responsabilidades, ha dejado sin efecto el artículo 39 de la Ley 612 que facultaba a la Cámara de Diputados suspender a los consejeros”, manifestó Borda a EL DIARIO.

Al respecto, en una conferencia de prensa del 27 de noviembre, el ministro Lima explicó que el TCP levantó una medida cautelar que impedía la prosecución de los procesos contra altas autoridades judiciales.

Borda explicó que no se conoce un pronunciamiento oficial respecto a este recurso.

“En este momento, jurídicamente no se puede suspender a ningún magistrado aun sea corrupto, excepto que tenga una sentencia ejecutoriada. Tiene que haber una resolución donde la comisión de ejecución deje sin efecto esa medida cautelar o resuelva en el fondo, rechazando esa consulta constitucional que se hizo, pero hasta ahora yo no conozco un pronunciamiento oficial, más que la versión del ministro Lima, pero en el ámbito legal lo que cuenta son los papeles”, dijo Borda.