Jeanine Añez reclama veedores internacionales para su defensa

Desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la expresidenta Jeanine Añez pidió ayer al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y al embajador de la delegación de la Unión Europea en Bolivia, Michael Dóczy, enviar misiones oficiales de sus organismos para que verifiquen las “aprehensiones ilegales” de la exmandataria y dos de sus exministros, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán; denunciados por sedición, terrorismo y conspiración, en grado de complicidad.

Añez, quien fue aprehendida la madrugada de sábado en Beni, envió una carta a Almagro y a Dóczy por la acción irregular “perpetrada por el gobierno del Movimiento al Socialismo” y “denunciar la sistemática vulneración de los Derechos Humanos en Bolivia mediante una persecución política aberrante”.

Frente a esos hechos, la exmandataria pide, en el marco de lo que establece la Carta Democrática Interamericana, “se envíe una Misión Oficial de Observación a objeto de que evalúe de manera objetiva e imparcial, la ilegal aprehensión de la cual hemos sido víctimas mi persona y mis dos exministros, el viernes y la madrugada de este sábado”, se lee en la carta.

La exautoridad denuncia que con las aprehensiones se vulneró el principio y garantía constitucional del debido proceso y la presunción de inocencia que establece el artículo 116 de la Constitución Política del Estado. También pone en conocimiento que policías armados realizan allanamientos ilegales para aprehender a su exministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

El viernes fueron aprehendidos Coímbra y Guzmán, para luego ser trasladados a La Paz. El operativo fue seguido por el canal estatal Bolivia TV y cuando ambos llegaron a dependencias del Ministerio Público se instalaron en las puertas las denominadas “víctimas de la masacre de octubre”, para solicitar que sean enviados a la cárcel.

La Fiscalía inició el caso a denuncia de la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, por presunta sedición contra ocho exautoridades policiales y militares por los sucesos de noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia.

“Se me acusa de terrorismo, sedición y conspiración para materializar un supuesto ‘Golpe de Estado’, no obstante, la institución a la que usted representa ha sido testigo de un fraude en las pasadas elecciones del año 2019, motivo por el cual el pueblo boliviano salió a las calles a reclamar y exigir el respeto a su voto”, señala Añez en su misiva dirigida a Almagro.

La nota agrega que esa movilización provocó la renuncia de Morales a la presidencia, de Álvaro García Linera a la Vicepresidencia, de Adriana Salvatierra a la presidencia del Senado, de Víctor Borda como titular de Diputados y del entonces Primer Vicepresidente del Senado, por lo que “en mi calidad de Segunda Vicepresidente, la Constitución y el Reglamento de la Cámara de Senadores allanaba el camino para asumir la Presidencia del Senador”.

Ante el vacío de mando del país, Añez asumió las riendas del país, tal cual establece el artículo 169 de la Constitución y el artículo 74 del Código Procesal Constitucional, concordante con el texto constitucional. Amparada en esa norma, tuvo que “presidir las reuniones de pacificación del país auspiciadas por la Iglesia Católica, la Unión Europea y otras instituciones”, recordó Añez, quien aclaró que el mando del país recayó en ella según manda las normas y no porque ella lo buscó.

“Producto de estas jornadas de acercamiento y de pacificación del país emergió el acuerdo de los movimientos sociales, la Central Obrera Boliviana, la Iglesia Católica e instituciones nacionales e internacionales que, entre otros puntos, se refirió al llamamiento de elecciones, y la pacificación del país”, expuso en su nota la exmandataria.

Con esos antecedentes, Añez tiene la firme esperanza de que instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos defiendan y hagan respetar los derechos fundamentales de las personas.