No puede enjuiciarse a una persona más de una vez por el mismo hecho

El abogado y exalcalde de La Paz, Juan del Granado, quien impulsó el juicio de responsabilidades contra el fallecido dictador Luis García Meza, aseguró que no es posible enjuiciar a la misma persona por los mismos hechos más de una vez y ante jueces diferentes, tal como se pretende hacer contra la expresidenta Jeanine Añez.

Apuntó que el principio jurídico -penal básico, como parte del “debido proceso”, está en el artículo 117 párrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE) que señala: “Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena”.

“Lo que el Movimiento al Socialismo (MAS) está haciendo con la expresidenta Añez es justamente eso, por un lado, la denuncia ante los fiscales y la justicia ordinaria por la comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo y, seguidamente, el Ministro de Justicia promueve juicios de responsabilidad ante el Fiscal General y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por presuntos delitos cometidos por la señora Añez como presidenta del ‘gobierno de facto’ resultante de esas supuestas sedición y conspiración”, explicó.

Manifestó que la negación del fraude (elecciones generales de 2019), la sublevación ciudadana, la renuncia y posterior fuga de Evo Morales, además de la sucesión constitucional, dejó de ser un discurso de “legitimación” masista para convertirse en una línea de acción gubernamental peligrosamente represiva y antidemocrática.

“Judicial y procesalmente el caso es insostenible como lo está mostrando esta especie de ‘esquizofrenia judicial’ que inventa hechos y confunde la fantasía con la realidad, para actuar autoritariamente a partir de las falsificaciones”, dijo.

“Si la señora Añez incurrió en sedición, conspiración y terrorismo, alzándose públicamente, para subvertir el orden constitucional o deponer al gobierno elegido constitucionalmente, todo ese su accionar habría culminado con el ‘golpe de estado’ y la instalación del ‘gobierno de facto’ donde la expresidenta habría cometido otros ilícitos, también ahora denunciados. Si esto fuera cierto estaríamos ante un comportamiento de Añez manifestado en varios momentos sucesivos, con varias acciones delictivas. Si ello fuera cierto, no se pueden separar esos actos y esos distintos momentos para enjuiciarlos y procesarlos separadamente, porque se violaría el principio constitucional del debido proceso y de enjuiciamiento único”, apuntó.

PROCESO AL

DICTADOR

Recordó que en el juicio de responsabilidades a la dictadura de García Meza nunca se separó ni fragmentó los hechos delictivos previos al golpe, es decir la sedición, la conspiración y el terrorismo, de los hechos delictivos posteriores cometidos por los personeros de ese gobierno de facto.

“Peor, no podíamos enjuiciar a esos sediciosos y terroristas ante los jueces ordinarios y, paralelamente, enjuiciar a ellos mismos ante la Corte Suprema como exgobernantes de facto. Por eso el juicio a la dictadura en su sentencia final, condenó a sus principales responsables también por el delito de sedición previo al golpe y al gobierno de facto”, recordó.

Apuntó que la Corte Suprema, una vez abierta su competencia, ordenó la acumulación de todos los procesos que se habían iniciado antes, ante la justicia ordinaria y la Contraloría.

Del Granado apuntó que en 1983 se iniciaron juicios penales contra los exdictadores por los asesinatos, al tiempo que la Contraloría inició auditorías por los daños económicos al Estado.

“Iniciado el plenario de la causa en 1986, uno de los primeros actos procesales de la Corte Suprema fue, precisamente, la acumulación de todos los obrados tanto los de la justicia ordinaria, como los de la Contraloría, para encarar el enjuiciamiento único que correspondía, aplicando otro principio procesal básico: la jurisdicción mayor arrastra a la menor”, explicó.

ESQUIZOFRENIA

JUDICIAL

Apuntó que probablemente se producirá lo mismo si es que se abre la competencia del Tribunal Suprema de Justicia (TSJ) para procesar en juicio de responsabilidades a la expresidenta Añez, con las proposiciones acusatorias anunciadas por el ministro Lima ante el Fiscal General, juicio que, de acuerdo a la CPE y la Ley 044, tiene que ser autorizado por dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa.

“¿Para qué entonces la esquizofrenia judicial, las denuncias penales ordinarias, los fiscales, las aprehensiones y detenciones preventivas ilegales?”, cuestionó Del Granado.

Manifestó que todo deberá acumularse y tramitarse ante el TSJ porque deben investigarse todos los hechos denunciados, especialmente los que cobraron la vida de bolivianos en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), porque tiene que establecerse la verdad de lo ocurrido para que sobre esa verdad se apliquen las sanciones a los responsables.

“No debe haber impunidad, ni ahora ni en los 14 años transcurridos, ni tampoco antes en el pasado más lejano, porque la impunidad delictiva de los exgobernantes es una herida sin cicatriz que daña enormemente a la democracia. Para eso están los jueces, para establecer verdad e impartir justicia. Y no como ahora donde jueces y fiscales son instrumentos de persecución política y de venganza”, concluyó.