Susceptibilidad en filas castrenses

Las Fuerzas Armadas, en sus ramas de Ejército, Aviación y Naval, han sido siempre en la vida nacional, pilares fundamentales para su existencia, así como en el desarrollo de sus actividades económicas, sociales y políticas. Son los pilares de la nacionalidad y su existencia debe estar a prueba de actitudes de desprestigio e inclusive de ataques que quieran destruirlas o ponerlas al servicio de intereses ajenos o foráneos tan frecuentes en regímenes que anteponen sus inclinaciones ideológicas a la realidad nacional.

En semanas recientes las Fuerzas Armadas han sido blanco de ataques que fueron respondidos en comunicados públicos, señalando la trascendental importancia de esta institución para la independencia, consolidación y defensa de la Nación. Han destacado que gracias a su accionar, Bolivia puede disfrutar del Poder y potencia de sus recursos naturales, parte importante de los ingresos económicos del Estado.

No obstante, esa importancia estaría siendo subestimada con una ofensiva de desprestigio y convertida en un caballito de batalla de intereses políticos anónimos e institucionales y que serían aceptables “para ganar adeptos”, esos esfuerzos no deben ignorar la necesidad de unidad de nuestra sociedad, que es la única manera de cohesionar a los bolivianos, fortaleciendo el accionar del Estado de acuerdo con las normas que rigen el comportamiento de los ciudadanos y de los gobernantes.

Al mismo tiempo, ante extrañas reacciones, según afirman oficiales de los más altos grados y comandantes de ejército, existen “intentos de imponer simbología regional y diferencias raciales… con el fin de llevar a la división y que entrañan peligro de la intolerancia y la violencia”.

Los militares del servicio pasivo denunciaron que no son respetados los derechos constitucionales, incluyendo la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, recordando al respecto la imposición de siglas y consignas como “patria o muerte” o hace poco, utilización de uniformes venezolanos en la escolta de un ex presidente, denuncias que fueron desmentidas por el Ministro de Defensa, aunque solo sirvieron para exacerbar el ánimo de la opinión pública.

El accionar de autoridades del gobierno, el apresamiento de militares de alto y bajo rango, acusarlos sin causa alguna de delitos que deben ser considerados en niveles jurisdiccionales militares especiales, ha sido considerado como “falta de respeto a los derechos institucionales”, actos si bien tienen efecto a mediano y largo plazo, podrían derivar en consecuencias inesperadas.

Lo mismo se puede decir en relación con la Policía Nacional, institución joven que también está bajo el fuego cruzado de autoridades de los niveles ejecutivo y judicial y no menos de partidos oficialistas.