Crisis en Epsas pone en riesgo su sostenibilidad

En las últimas semanas, se puso en evidencia la situación crítica por la que atraviesa la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S. A.), a raíz de una serie de denuncias de corrupción, malos manejos e improvisaciones en la administración.

Lo más preocupante son las últimas denuncias de varios vecinos de la zona Sur de la ciudad de La Paz, que alertaron sobre la falta de una normal provisión de agua, debido a un problema técnico en la tubería que pasa por el sector del megadeslizamiento ocurrido el año 2011 y que destruyó el sistema de abastecimiento y provocó el corte del suministro de agua por tres meses aproximadamente.

En entrevista con EL DIARIO, Felipe Quispe Quenta, exministro y exsuperintendente de agua, asegura que la crisis en Epsas preocupa sobremanera al Gobierno, sin embargo, manifiesta su alarma por el cómo se designan gerentes en la firma.

“El Gobierno invierte importantes recursos económicos para mejorar las coberturas de agua y alcantarillado, en los municipios donde presta servicio Epsas, especialmente en El Alto, pero llama la atención porque se improvisa en la designación de interventores y gerentes, últimamente nos informamos a través de los medios de comunicación y las redes sociales que designan a profesionales con otro perfil, de dudosa capacidad y con serias denuncias de corrupción, personas que nunca trabajaron en el sector”, dijo Quispe.

Quispe apuntó que el problema de fondo no es solamente la designación de cuestionados interventores, sino la falta de definición sobre su carácter legal, por lo se debe constituir una nueva empresa, considerando la participación de los ocho municipios del eje metropolitano de La Paz.

“Urge tomar medidas para el reinicio de las mesas técnicas y negociaciones respecto al porcentaje de participación que debe tener cada uno de los gobiernos municipales, incluyendo a la gobernación y el propio gobierno central. En esta última década, el gobierno central tuvo la mayor participación”, aseguró el exministro.

SITUACIÓN

JURÍDICA

El 4 de enero de 2007, se constituyó la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento Epsas S. A., posterior a la salida de Aguas del Illimani, empresa francesa con capitales externos y nacionales, que operó los sistemas de abastecimiento de agua por aproximadamente ocho años en la ciudad de La Paz y parte del municipio alteño.

En una entrevista anterior con EL DIARIO, el exasesor del directorio de Epsas, Marco Ramos, manifestó que las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) no están asumiendo el reto de constituir la nueva empresa.

“No sé si será por un cálculo político o falta de experiencia, pero de todas formas, el no hacer algo al respecto constituye una falta que puede derivar en responsabilidades al momento de rendir cuentas al pueblo boliviano, porque no solamente serían responsables los ministros de turno, las autoridades de fiscalización de agua, los alcaldes de La Paz y El Alto, sino también los principales mandatarios del estado boliviano”, apuntó en esa oportunidad.

Por otro lado, el Decreto Supremo 28985 establece la responsabilidad del MMAyA para constituir la nueva empresa, situación que se incumple y no exime de la responsabilidad a las autoridades del sector,

“Por la necesidad que tienen los usuarios de contar con una empresa fortalecida que les garantice continuidad y calidad del servicio es apremiante reiniciar las actividades para constituir una nueva empresa capaz de garantizar el agua para consumo humano por los próximos 50 años”, indicó Ramos.

INTERVENCIÓN A EPSAS

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) estableció ineficiencia en la sostenibilidad operativa de Epsas S.A., por lo que dispuso la revocatoria de la autorización transitoria y la intervino el año 2013, argumentando una deficiente administración y faltas graves, misma que ponían en riesgo la continuidad del servicio. Las autoridades de turno respaldaron la determinación en la Ley 2066.

Autoridades de la AAPS manifestaron, en la oportunidad, que la intervención debiera ejecutar una reingeniería técnica operativa, en un lapso de seis meses, divididas en tres fases.

En la primera fase se debería realizar un diagnóstico, previas auditorías de gestiones anteriores a la intervención. En la segunda fase se debió efectuar una gestión sostenible del servicio, además de analizar temas organizacionales, operativos, inversiones y el aspecto legal de la empresa. En la tercera fase se debería aprobar el nuevo modelo de gestión y la transferencia a una nueva estructura administrativa.

Para Ramos, la intervención a Epsas de principio fue cuestionada, porque adolecía de serias observaciones y que no le otorgó a la empresa beneficio alguno, es más –dijo– originó que los interventores de turno, administren discrecionalmente los recursos y perjudiquen la gestión e impulso para la creación de la nueva empresa.

Apuntó que a ocho años de ser intervenida Epsas, aún tiene muchas observaciones técnicas, legales y financieras, porque no fueron resueltas, por falta de seguimiento y adecuada fiscalización del ente rector, como es el caso de la definición del estatus jurídico de la operadora, el mantenimiento y cambio de tuberías principales que no fueron removidas, poniendo seriamente en riesgo el servicio.

Este 2021 se cambiaron cuatro interventores, dos de estos, presuntamente por falta de capacidad, corrupción, tráfico de influencias, disposiciones contrarias a la norma, hasta denuncias por venta de puestos de trabajo.

“Lo más llamativo de estos hechos es que las máximas autoridades del sector no hacen nada para esclarecer o sancionar a dichos personajes, se habla de auditorías que deben efectuar a la gestión de estos interventores y causa gracia que se le pida al propio infractor la realización de las mismas, cómo es posible que se le pida al ratón cuidar el queso”, manifestó Ramos.

RESOLUCIONES

CONTRARIAS A

LA NORMA

Recientemente se conoció que el interventor Bladimir Iraizos, aprobó la Resolución Administrativa Nº. DL/MV/037/2021 que determina el nombramiento de Responsable de los Procesos de Contratación (RPC) y Responsable de los Procesos de Contratación del plan de apoyo a la producción y el empleo nacional (RPA), al gerente administrativo financiero.

A decir de Marco Ramos, este hecho es por demás irregular, primero porque vulnera todos los preceptos de transparencia, genera serios indicios de corrupción y segundo porque burocratiza los procesos en la empresa estratégica de servicio de agua para consumo humano.

“No puede ser que una sola persona concentre los procesos de contratación de servicios y compra de insumos para potabilizar el agua”, señaló.

Explicó que en meses precedentes, sus antecesores también observados, aprobaron resoluciones similares, pero designando a los cinco gerentes de área como RPC y RPA, quienes a su vez controlan los procesos que generan las unidades solicitantes.

“Las necesidades de la gerencia comercial son muy diferentes a la gerencia técnica, por lo tanto, los plazos y trámites requieren de atención específica”, aclaró.

CRISIS SINDICAL

A raíz de las ultimas designaciones de los interventores de la empresa, se presentó una disputa por el control del Sindicato de Trabajadores, uno representado por su ejecutiva Carol Omonte quien argumenta legalidad en su constitución, y el otro dirigido por Fernando Choquehuanca que denuncia traición y prorroguismo, a tiempo de asegurar que tiene legitimidad y el respaldo de la mayoría de los trabajadores.

Esta nueva directiva sindical liderada por Choquehuanca protagonizó una huelga de hambre y dos paros de brazos caídos, denunciando persecución policial, amenaza de procesos penales y exigiendo auditorias, ítems para trabajadores antiguos y la destitución del interventor Bladimir Iraizos.

Por su lado, el sindicato dirigido por Omonte desconoció al nuevo sindicato y argumentó contar con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de Agua y Electricidad.

AVALES V/S

DONATIVOS

Se conoció que la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) otorgó un aval político al exinterventor Miguel Gonzales, para que éste pueda acceder al cargo. En retribución presuntamente aprobó una solicitud de donación, por un monto de 20.000 bolivianos, para la compra de muebles, televisores y refacción de los ambientes de la organización.

Asimismo, la semana pasada circuló en las redes sociales una carta firmada por Miguel Gonzales en la que refiere que devolvió el monto a la cuenta de Epsas. La carta estaba adjuntada con el recibo del depósito.

AUDITORÍAS

El 22 de abril, el interventor Bladimir Iraizos, en conferencia de prensa en plaza Murillo, anunció que en conformidad con la AAPS, impulsará auditorías externas ante posibles irregularidades en los procesos de contratación ejecutadas por anteriores gestiones.

“Tenemos una serie de acciones que la AAPS nos ha encomendado ante posibles irregularidades que se han detectado en anteriores gestiones de interventores, por lo cual vamos a llevar auditorías en la parte administrativa y jurídica, por eso nosotros estamos acelerando los procesos respectivos para la contratación de la empresa que se encargará de ejecutar las auditorías externas”, dijo.

Anunció además que implementará medidas apropiadas para el fortalecimiento de la empresa en el área del servicio metropolitano, adecuándose a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo diseñado por Epsas y el MMAyA.

Consultado por los donativos realizados a la Csutcb, manifestó que son irregulares y anunció que iniciará acciones penales, una vez que concluya la auditoría que mandó realizar.

Sobre las donaciones no hubo pronunciamiento de las autoridades del MMAyA ni de la AAPS, pese a que este medio de comunicación buscó conocer su criterio.