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Vulneran principios jurídicos

Empresarios privados advierten que proyectos laborales son lapidarios



PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES PRIVADAS DE COCHABAMBA (FEPC), LUIS LAREDO. FOTO FEPC

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Luis Laredo, manifestó la profunda preocupación del sector empresarial por los proyectos de Ley de Derechos Adquiridos y la Ley de Garantías de Estabilidad Laboral presentados a la Asamblea Legislativa Plurinacional y que vulneran los principios jurídicos consagrados en la Constitución Política del Estado.

Señaló que los empresarios aplicaron todas las medidas para preservar el empleo en el sector formal, tras 14 meses de emergencia sanitaria y ante la falta de medidas reales para la reactivación económica, que todavía no se ha logrado, las normativas podrían ser lapidarias para los empresarios.

El proyecto de Ley de Derechos Adquiridos plantea que los sueldos y salarios son un derecho adquirido de manera tal que los reajustes contractuales podrían ser anulados obligando a las empresas a asumir las obligaciones emergentes de esos reajustes.

Uno de los aspectos más preocupantes del proyecto de Ley de Estabilidad Laboral es que se plantea la prohibición de despido retroactiva al 10 de marzo de 2020, planteando la nulidad de pleno derecho de cualquier despido posterior a esa fecha.

“Realmente como empresarios estamos muy preocupados con estas aprobaciones que pretende hacer la Asamblea Plurinacional y el Gobierno, y definitivamente el sector privado será afectado nuevamente, será lapidario”, dijo.

Reiteró que los empresarios no ven medidas efectivas en la lucha frontal contra el contrabando, la informalidad y que lamentablemente si las leyes son aprobadas el 1 de mayo se tendrán menos empleos y mayor informalidad en las calles.

NO HAY CONDICIONES PARA

EL INCREMENTO SALARIAL

Sobre la propuesta del Gobierno del incremento salarial del 0,67%, Laredo ratificó que el sector no tiene las condiciones para asumir un incremento, pues se han perdido mercados y no hay una reactivación económica real en el país.

Informó que en Cochabamba se necesitan 5 millones de bolivianos para cubrir el incremento salarial en el sector privado y más de 20 millones de bolivianos si hay un retroactivo de cuatro meses y que para generar esos montos se deben tener las condiciones necesarias.

Tanto la Cámara Nacional de Industrias (CNI) junto a las Cámaras Departamentales de Industrias, a través de un comunicado, manifestaron su profunda preocupación por los proyectos de Key 148-20 y 149-20, referentes a Derechos Adquiridos y la estabilidad laboral para todas y todos los trabajadores del sector público y privado.

El comunicado señala que las citadas normas buscarían proteger lo que ya se encuentra debidamente reconocido por la Constitución Política del Estado, no corresponde la emisión de una nueva Ley o cualquier otra normativa, cuando la norma máxima ya reconoce y protege la estabilidad laboral y la irrenunciabilidad de derechos laborales.

Asimismo, los industriales señalan que vulneran la seguridad jurídica de las empresas legalmente constituidas y que otorgan empleos formales, es decir, pone en riesgo fuentes de empleo digno, incentivando informalidad, atentando contra las empresas del sector, más aún cuando “nos encontramos en una economía gravemente afectada por los sucesos políticos del 2019 y la pandemia de la Covid-19 (2020 a la fecha).

En un contexto de crisis económica que refleja el fuerte descenso de las actividades económicas, plantear “estabilidad laboral” implicaría profundizar la crisis económica, paralización de las inversiones nacional y extranjero, cierre de las oportunidades para nuevos empleos y caída e las recaudaciones para el Estado.

Reiteran que las fuentes de trabajo se deben ajustar en función de la productividad laboral, del crecimiento económico y de las condiciones institucionales para la actividad económica-empresarial.

Sostienen que el planteamiento está en contrasentido a la realidad nacional, debido a que el país vive una crisis económica y baja productividad laboral; experimenta una nueva normalidad, y en este contexto se requiere una nueva norma laboral que adecue el empleo a las nuevas formas de trabajo (virtual, física, presencial, semipresencial por producto, por tiempo (estacionales), etc.

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