Juristas exhortan al Gobierno a cumplir tratados y convenios

La Asociación de Juristas de Iberoamérica (Asjurib) exhorta al Gobierno boliviano a cumplir con los Tratados y Convenios en materia de Derechos Humanos establecidos en su Constitución Política del Estado (CPE), asumidos en base al principio “Pacta sunt servanda” por cuanto todo Tratado en vigor obliga a las Partes y debe cumplirse por ellas de buena fe.

El llamado de la organización iberoamericana es realizado un día después de la sesión del Parlamento Europeo (PE) que recomendó cambios en la justicia, procesos justos e imparcialidad.

En esa línea de exhortación, “Juristas de Iberoamérica” solicitan al Gobierno boliviano cumplir las recomendaciones del Parlamento Europeo con el objeto de evitar sanciones y/o restricciones que impidan conservar la paz social, resguardando el ejercicio de los Derechos Humanos, el Debido Proceso y la aplicación de la ley.

La Asociación integrada por profesionales del derecho tiene entre sus fines promover, fomentar y contribuir al reconocimiento de los Derechos Humanos y a la consecución de una seguridad y orden jurídicos entre todos los países de Iberoamérica basado en la igualdad, en la justicia y en la paz.

El Parlamento Europeo en sesión celebrada el día 29 de abril de 2021, entre varios temas hizo las siguientes consideraciones:

Insta a Bolivia a que emprenda sin demora cambios estructurales y reformas en el sistema judicial, en particular con respecto a su composición, con el fin de garantizar juicios justos y creíbles, la imparcialidad y la tutela judicial efectiva; pide al Gobierno boliviano que aborde la cuestión generalizada de la corrupción en el país; pide al Gobierno boliviano que modifique los artículos del Código Penal sobre los delitos de sedición y terrorismo, que incluyen definiciones demasiado amplias del terrorismo, lo que da lugar a posibles violaciones de los principios de legalidad y proporcionalidad;

Subraya que todos los procedimientos judiciales deben llevarse a cabo respetando plenamente el principio de tutela judicial efectiva consagrado en el Derecho internacional; subraya que deben ofrecer garantías judiciales, garantizando la protección judicial y el acceso a la justicia, como parte de un sistema judicial independiente e imparcial, libre de interferencias por parte de otras instituciones estatales.