Presidente remite Ley de Extinción al TCP para “desinflar” movilizaciones

Diversos sectores aún se mantienen en alerta para reanudar medidas de presión en caso de que el tratamiento de la Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado continúe en la Asamblea Legislativa. En tanto, el Gobierno acude al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que la instancia emita un fallo que determine la constitucionalidad de la normativa.

Para los analistas esta es una medida que pretende impedir que las movilizaciones se concreten y a la vez busca un respaldo de una instancia judicial que le permita continuar el tratamiento y aprobación de esta norma.

De acuerdo con el presidente Evo Morales, esta decisión del Ejecutivo se debe a los continuos cuestionamientos de las organizaciones sociales (choferes y gremiales) que apuntan a que la norma vulnera la Constitución Política del Estado (CPE), especialmente el artículo 56 que establece el derecho de la propiedad privada.

“Ante un debate público desde la Asamblea Legislativa, ante la opinión publica, algunos sectores se dividieron, observan que esta norma seria inconstitucional, por eso respetuosos a la Constitución Política del Estado (CPE) hemos decidido elevar la Ley al Tribunal Constitucional para la consulta correspondiente”, dijo el Presidente.

Asimismo, el mandatario ratificó el pedido del diálogo a los sectores y confirmó que el tratamiento de la normativa en el pleno camaral quedará suspendido hasta no conocer la determinación del TCP.

Mientras el diputado por el Movimiento Al Socialismo, (MAS) Héctor Arce, señaló que una vez se conozca la posición del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la Asamblea Legislativa podrá continuar el debate dela norma y aprobarla.

“Esta es una medida favorable para el proyecto de Ley ya que la interposición de una consulta previa hace improcedente cualquier demanda o acción de inconstitucionalidad, ya sea en la vía abstracta o en la vía concreta”, agregó.

El TCP tiene un plazo de 30 días hábiles o 40 días calendario aproximadamente para pronunciarse sobre la constitucionalidad o las observaciones que tenga respecto a la normativa, explicó. El texto que analizará la instancia judicial será el primero que fue presentado por el Órgano Ejecutivo.

Respecto a las medidas de presión anunciadas por diferentes sectores, Arce afirmó que “no existe razón para ninguna movilización, mucho más ahora que es el Tribunal el que se va a pronunciar”.

A su turno, el analista Franklin Pareja, calificó de “absurda” esta determinación debido a que las competencias del TCP consisten en pronunciarse respecto a normas ya promulgadas y no a proyectos.

“De lo contrario el TCP se estaría convirtiendo en el proyectista. Lo que se debería hacer es una consulta jurídica con expertos para lograr una concertación, porque se corre el riesgo de que todos los proyectos a futuro se remitan a esta instancia no tengan opción a reclamo o demanda”, manifestó.

Pareja admitió que esta determinación gubernamental servirá de “válvula de escape” al Ejecutivo para que los conflictos que estaban cerca a desarrollarse puedan consolidarse.

“Estos sectores son grandes y mueven gran parte de la economía del país, por lo que esta decisión apaciguará los ánimos hasta que se pueda saber la determinación del TCP”, dijo.

Por otro lado, observó que la economía del país se desarrolla bajo un sistema informal, por lo que no se puede establecer que la sociedad civil rinda cuentas de sus bienes a través de un sistema formal, el cual está determinado en la normativa.

Entre tanto, los choferes manifestaron que esperarán la determinación del TCP y suspenderán las medidas de presión anunciadas en protesta a la Ley. Asimismo, las federaciones de gremialistas, pese a encontrarse aparentemente divididos, realizarán un ampliado nacional en Santa Cruz, hoy, según informó su representante, Francisco Figueroa.

La reunión entre los transportistas y las presidentas de ambas cámaras legislativas está confirmada para hoy, aunque no se planean hacer modificaciones, según informó el departamento de comunicación de la Cámara de Diputados.