Vagos y malentretenidos

El caso de Mario Orellana, candidato a senador por Cochabamba, viene a mostrar que en el país hay anacronismos legales, como la disposición por la cual alguien puede ser encarcelado acusado de ser un peligro para la sociedad.

Esta norma policial, que data de 1886, ya era anacrónica y cavernícola antes de que llegara este gobierno: ordenaba que cualquier persona podía ser detenida y encarcelada siempre que el acusador demuestre que se trata de un peligro para la sociedad.

Con este gobierno, la medida dio un paso adelante: ahora es el acusado quien debe demostrar que no representa un peligro para la sociedad.

Las atrocidades de la Granja de Rehabilitación de los Espejos se cometieron bajo la sombra de esa disposición.

Alguien desarchivó la norma, que fue usada para limpiar las calles y canales de Santa Cruz de vagos y malentretenidos que podían dar una mala imagen a los huéspedes del G-77.

Pero ahora ha sido usada para castigar a un político que cometió el gravísimo delito de entregar una grabación del presidente Evo Morales hablando ante sus seguidores donde revela que precisamente el G-77 fue organizado como “carajo, la gran campaña”.

Y el presidente dice en esa grabación que las mujeres son masoquistas (la palabra se la da alguien del auditorio) porque les gusta que se las golpee.

Orellana fue capturado de inmediato, remitido ante un juez que escuchó la acusación de la policía: se trata de un sujeto vago (no tiene trabajo) y podría ser un peligro para la sociedad.

A la cárcel de inmediato, la cabeza rapada, incomunicado.

Por algún defecto de comunicación, en varias conferencias de prensa el candidato Juan del Granado no explicó de qué se trataba esta acusación y sólo dijo que lo detuvieron porque “no tenía trabajo”.

El concepto completo es “vago y malentretenido”. Para el juez equivale a alguien que no haya pagado las pensiones de sus hijos, o que haya firmado un cheque sin fondos.

Carlos Romero, quien fue ministro durante los días del G-77, sabía del efecto instantáneo de esta acusación.

Estamos ante una atrocidad legal. Quizá los colegios de abogados, aquellos que no estén todavía intervenidos, tengan que decir algo.

Si no tener trabajo fuera delito, 70% de los bolivianos tendría que estar en la cárcel.

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