Los gobernantes limitados por el Derecho

Las elecciones generales de 2014 dejan al presente duras enseñanzas de inconstitucionalidad. Los actos de los hombres de Estado y de los dirigentes han fallado; resulta necesario reflexionar sobre la constitucionalidad de los mismos.

Esta bella conquista -la democracia- se realiza con el respeto al orden y la libertad. Un orden social que se expresa en la Ley Fundamental. En consecuencia, ¿por qué estoy obligado a obedecer?, porque la ley indica lo que es justo; jurídicamente estoy obligado porque el objetivo social exige que yo haga lo que manda la ley. Así la regla obliga al individuo, pero su cumplimiento ¡¡interesa a la sociedad!!

Los gobernantes no pueden ir contra la idea de Derecho, válida dentro de la sociedad. Bolivia quiere orden, los gobernantes deben cumplir su papel de dirección de la colectividad, manejando los problemas que originan la existencia y el progreso de la sociedad política.

Está demás hacer notar la ausencia de un árbitro imparcial, que no sólo reacciona tarde ante las denuncias, con sanciones que se debía aplicar sobre tabla, lo que es más grave y lo que a la postre resulta natural, es que se encuentra enjuiciado. Tal realidad plantea “una cuestión de derecho procesal” insalvable.

¿Podrá una autoridad cuestionada, manejar la contienda electoral? Si la respuesta es negativa, la suspensión del Tribunal Electoral puede resultar automática, atendiendo a las leyes de derecho procesal común.

¡RESPETAD LA CONSTITUCIÓN!

Hombres de bien, sois todos; ya que habréis de conducir los destinos colectivos. Lo serio está en respetar la Constitución. Y ello interesa al trabajo de los gobernantes. Pues no es el ciudadano quien viola la Constitución, son los gobernantes los únicos que pueden violarla. Entonces ¿qué sucederá?, que una vez admitida la demanda contra el llamado Tribunal Supremo Electoral sus actos no podrían tener cabida. Los componentes del TSE deben pensar bien sobre la constitucionalidad de sus actos; ya que son autoridades al amparo del régimen de legalidad, que se encuentra vigente muy afortunadamente.

Atención que la elección se ha complicado en la maltratada república, donde se elige a sus gobernantes cada cinco años. El trabajo imparcial del organismo técnico electoral podía haber servido para un espasmo de alegría y no como ahora para salir a tropiezos y sin fuelle de los embates que supone la conquista del Poder.