Autoridades reconocen magnitud del problema

Sao Paulo teme caos social ante gravedad de sequía

Expertos prevén seguidilla de conflictos, en esta ciudad de casi 20 millones de habitantes.


Experiencias anteriores en pequeñas ciudades brasileñas hacen temer a las autoridades de posibles conflictos sociales ante la gravedad de la sequía en Sao Paulo.

La región metropolitana de Sao Paulo, con casi 20 millones de habitantes, atraviesa la peor crisis hídrica de los últimos 84 años y acaba de inaugurar la temporada seca con aún menos agua en sus presas que en 2014, cuando comenzaron las primeras restricciones de suministro y las autoridades reconocieron la gravedad del problema. El desafío es tan serio que, por primera vez, la crisis ha entrado en la agenda de los militares.

Académicos, militares y autoridades debatieron la semana pasada en una conferencia la posibilidad de que en los próximos cinco meses se agoten las reservas y haya cortes prolongados de abastecimiento (de hasta cinco días sin agua por semana) en la ciudad más poblada de América Latina. Entre los invitados a la reunión, en la sede del Comando Militar del Sudeste, que agrupa las fuerzas de Sao Paulo y Mato Grosso, estaba el responsable por el abastecimiento de la región metropolitana de Sao Paulo de la compañía estatal de agua, Paulo Massato. El ingeniero reconoció que existe la posibilidad que el agua se acabe en julio si las obras de emergencia planeadas no concluyen a tiempo. Si la infraestructura para interconectar algunas represas cumple los plazos, el agua puede durar hasta octubre, cuando comienza la temporada de lluvias, afirmó. “Entonces, en octubre, tendremos que rezar para que llueva”, bromeó el director. De momento, la principal obra por la que apuesta el Estado de Sao Paulo ha comenzado con tres meses de retraso y no se entregará hasta septiembre, publicó EL PAÍS.

Uno de los asistentes preguntó al director qué ocurriría en el peor de los escenarios, sin lluvia y sin obras, y el ingeniero le respondió: “Sería el terror. No habría alimentación (refiriéndose a la producción de frutas y verduras de la región), no habría electricidad... Sería un escenario de fin de mundo. Son miles de personas y puede desatarse el caos social. No sería solo un problema de desabastecimiento de agua, sería mucho más que eso...”.

La experiencia del año pasado de Itu, un municipio a 100 kilómetros de Sao Paulo, es la que mantiene en alerta a las autoridades. Decenas de familias de las zonas más altas (y más pobres) de la ciudad pasaron varias semanas sin agua hasta el punto de tener que hacer filas de más de cuatro horas para rellenar botellas en riachuelos rodeados de basura. Hubo protestas, los manifestantes apedrearon la cámara municipal, los camiones cisterna que auxiliaban a la población circulaban escoltados por la policía y los delincuentes pasaron de robar carteras a robar bidones con agua. Tras el caos comenzó a llover y el conflicto se suavizó, pero se mantiene el miedo a que una situación como esa se repita en Sao Paulo. “Si en una ciudad pequeña como Itu se desencadenó eso en tan poco tiempo, imaginen en una ciudad como esta”, interpeló Massato.

La crisis hídrica no es un problema específico de los militares, pero es un asunto que, “por su relevancia, tiene que ser estudiado por todas las autoridades involucradas, académicos y formadores de opinión”, comentó el Comando Militar a este periódico. Los militares reconocen que no tienen aún un plan de actuación específico para la actual crisis, pero que están obligados por ley a actuar en caso de disturbios o de estado de emergencia, si la presidenta Dilma Rousseff lo ordena.

Entre los participantes del evento estaba también Anicia Pio, representante de la Federación de Industrias de Sao Paulo, que alertó de que el 50% del PIB industrial del Estado está localizado en regiones gravemente afectadas por la escasez. Pio relató cómo desde el año pasado algunas fábricas tuvieron que paralizar sus producciones, aumentar costos y aplazar inversiones, y advirtió que las industrias no están preparadas para funcionar en un régimen de racionamiento de cinco días sin agua por semana, una posibilidad que las autoridades están evitando adoptar pero que no se atreven todavía a descartar.

 
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