La Carta Democrática Interamericana

Los regímenes de gobiernos autoritarios, en su concepción hegemónica del poder, suelen perseguir a las corrientes partidistas o de organizaciones de la sociedad civil que cuestionen sus políticas, pues no son democráticos, aunque se disfracen de tales. El “stalinismo” y el “fascismo nacional socialista” establecieron una escuela del poder total, en nombre de Estado, la nación o la superioridad racial.

En nuestra América Latina se han instalado, en el poder político de algunos países, regímenes de gobierno que siguen el recetario del desaparecido Hugo Chávez, para perpetuarse en el poder, anulando cualquier oposición, para ello han copado todos los órganos del Estado y liquidado la separación de poderes, utilizando el aparato de justicia para perseguir judicialmente a los contrarios políticos.

Debido a uno de los procesos judiciales contra el dirigente de un partido político opositor, el empresario Doria Medina ha acudido a las instancias internacionales, como la OEA, para que tome conocimiento y acción del proceso que le siguen, amparado en el Art. 8 de la Carta Democrática de ese organismo, que dice: “cualquier persona o grupo que considere que sus derechos humanos han sido violados, puede poner denuncias o peticiones ante el sistema interamericano...”. En tal virtud el Secretario General de la OEA ha enviado a un veedor a la audiencia donde se tratará sobre el juicio y la libertad del empresario dirigente.

La presencia del veedor del máximo organismo interamericano ha provocado algunas declaraciones de funcionarios del régimen populista del MAS, acusando a la OEA de intervenir en los asuntos internos del país, en una clara muestra del desconocimiento de las normas internacionales, que nuestro país como miembro de estos organismos tiene la obligación de cumplirlas.

Con la finalidad de consolidar y promover la democracia en las Américas, hace más de quince años que los gobiernos de los países miembros de la OEA aprobaron la Carta Democrática Interamericana, que en veinte considerandos y veintiocho artículos norma los alcances de los derechos políticos y civiles de los ciudadanos en el Estado de Derecho, y la democracia como sistema de gobierno interamericano.

En uno de sus considerandos dice: “Teniendo presente que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos contiene los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social, que son intrínsecos a la democracia”, y en el artículo tercero expresa: “Son elementos esenciales de la democracia representativa entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Bolivia al ser signataria de las normas supranacionales originadas en acuerdos entre los miembros de la OEA, no puede observar que este organismo cumpla lo dispuesto en sus normas, más aún, en aquellas que, como la Carta Democrática, pretenden preservar los derechos de los ciudadanos, en un estado de legalidad que asegure el cumplimiento de las leyes.

La democracia importa el ejercicio pleno de los derechos humanos, las libertades ciudadanas irrestrictas y sólo limitadas por la ley, el acceso a la justicia que sea imparcial, independiente y no sometida a los dictados del poder político.

Pareciera que en las últimas décadas, al conjuro de los gobiernos populistas de izquierda en Latinoamérica, la democracia ha sido alterada en sus principios, pues algunos de los caudillos que todavía quedan, pretenden quedarse en el poder de por vida, y sus gobiernos pasan de la década, desgastados, repudiados y cuestionados, pero algunos siguen en el poder a través de la manipulación de cortes electorales y el fraude en el voto ciudadano, como en el caso de Nicaragua, donde el comandante Ortega está en su cuarto gobierno, como en las viejas dictaduras de los Somoza, Pinochet y otros.

La libertad y la justicia no son una dádiva de los poderosos, son un derecho que hay conquistar y defender.