El Decreto 2907, promulgado por el vicepresidente Álvaro García en septiembre pasado, autorizó desmonte de al menos 200.000 hectáreas en la provincia Abel Iturralde, departamento de La Paz, de acuerdo con estimaciones de la Autoridad de Tierras y Bosques.
La ambientalista Teresa Flores calificó de “crimen ecológico” la autorización que otorgó el Gobierno (vía decreto) para ampliar las plantaciones de caña de azúcar del ingenio de San Buenaventura. Agregó que más bien, para proteger la capa forestal, debería plantarse estevia.
