A confesión de parte, relevo de prueba…

La opinión pública y toda clase de medios de comunicación han estado denunciando una serie de irregularidades y deficiencias en las diversas dependencias del gobierno, ya sea en las altas esferas de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en las de menor jerarquía, mostrando, en esa forma, que la nave del Estado no funciona de forma efectiva, navega a la deriva en un mar embravecido entre escollos visibles e invisibles, no tiene puerto a donde dirigirse y, además, está a punto de naufragar porque el capitán no tiene el control del timón y los tripulantes están poco menos que amotinados.

Sin embargo, pese a esas advertencias los responsables de la administración pública siguieron haciendo la vista gorda y mucho menos adoptaron las medidas correctivas necesarias para que el Estado funcione con idoneidad y evite, así, provocar una situación catastrófica para el país en general y para los mismos encargados de manejar las riendas del país.

Finalmente, la situación llegó a tal extremo que, finalmente, los ejecutivos escucharon el clamor de la opinión pública y, dándose cuenta de la magnitud del desbarajuste funcionario, comprobaron con sus propios ojos, que los problemas estaban provocando muy lamentables hechos de corrupción, irresponsabilidad funcionaria, ineficiencia y otros delitos graves, como en los casos del accidente de aviación de la empresa LaMia, el Fondo Indígena, la suspensión de la provisión de agua a las ciudades de La Paz y El Alto, y, finalmente, el desorden en la administración pública, en particular en los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Especial relieve adquirió el asunto del caos en el Órgano Judicial.

De tan pésimo nivel sería la actividad de la burocracia de diversas partes del Estado, que altas autoridades debieron pronunciarse sobre las fallas de la administración pública, confirmando, en esa forma, las denuncias que hicieron voceros públicos, así como la prensa, pese a las amenazas de censura de algunos malos funcionarios.

En efecto, en primer lugar, el Vicepresidente admitió las falencias en ministerios y aseguró que “hubo fallas de la cadena de transmisión” en varios asuntos y que, por tanto se iba a proceder a un “ajuste de clavijas”. Sentenció también: “Vamos a encontrar a los culpables, a quienes no previnieron y los vamos a llevar ante los tribunales”. Por si fuera poco, la Ministra de Transparencia dijo que el primer mandatario encomendó “no arriesgarse a cometer ese tipo de errores” y “Nos damos cuenta de que hay errores que se comete en el Órgano Ejecutivo”. Culminando las críticas, el dirigente de la Csutcb afirmó que “a todos los ministerios les cuestionan los diferentes sectores sociales”, preocupación que se extendió al anuncio de que el partido gobernante considerará las fallas de la administración estatal en su congreso próximo. En esa forma, las irregularidades en la administración estatal fueron confirmadas por el gobierno, por lo que queda decir: “A confesión de parte, relevo de prueba”.