Persecución política en Bolivia

Persecución política es el conjunto de acciones represivas persistentes, realizadas por un gobierno o un grupo sobre otro o sobre un individuo, del cual se diferencia por la manera de pensar o por determinadas características, religiosas, culturales, políticas, étnicas u otras. Se aplica más frecuentemente a persecución entre seres humanos. A menudo la persecución nace de la obsesión respecto a quien o quienes no comparten ideas o no aceptan críticas.

Lo más común consiste en la opresión a un grupo minoritario o a una persona por parte de otra, de una mayoría que tiene influencia o poder, sea económico o político, ya que lo inverso es menos frecuente. Va desde la tolerancia (es distinta a libertad) o ignorar en determinados marcos, hasta la integración forzada, el asesinato, el genocidio y la amenaza, la intimidación constante haciendo prevalecer su condición, sea circunstancial o coyuntural. Suele ir acompañada de la destrucción o expolio de bienes del perseguido (casas, recursos patrimoniales, bienes familiares, empresas etcétera). El término ha sido usado históricamente para denotar actos de violencia incriminada, sean espontáneos o premeditados.

La persecución política que se manifiesta desde hace tiempo en Bolivia va mucho más allá de motivos religiosos, étnicos. Cualquier diferencia identificable en apariencia o comportamiento puede servir de base a la persecución. El único rasgo común entre excusas, es la percepción del individuo o grupo como diferente. Debido a eso, se considera que “perseguir” es la expresión de un rasgo general del comportamiento social, quizá relacionado con el tribalismo.

En Bolivia la persecución no es reconocida como tal por los perseguidores, sino solamente por sus víctimas o por observadores internos o externos. Los perseguidores no sienten que haya algo malo en sus acciones o racionalizan esa actitud como normal o temporal, si lo comparan con el fin que buscan, para contrarrestar lo que consideran una mayor y más seria amenaza. “El fin justifica los medios” en sus actos. Como en otros comportamientos, el agresor culpa a la víctima de la agresión. La justificación más común es que buscan protegerse a sí mismos de sus desaciertos, y ven peligro en sus rivales, por lo que ellos perciben como peligrosa influencia del grupo o la persona perseguida. Cuando los confrontan, siempre niegan los hechos, y aunque se los demuestren, son casi incapaces de reconocerlos. Ellos están libres de culpa y así lo hacen ver o creer y suponen su inocencia y hasta honestidad ante los demás.

A partir del Siglo XIX surgieron organizaciones solidarias contra las persecuciones, destacando la Liga de los Derechos Humanos. Fue una de las organizaciones no gubernamentales pionera en la defensa de los derechos humanos, siendo creada en 1898, por iniciativa de Ludovic Trarieux, para defender las libertades humanas amenazadas por las decisiones tomadas por los poderes Ejecutivo o Judicial circunstanciales.

La Liga desarrolló una política de defensa de los derechos humanos basada en los principios: Laicismo, separación de Iglesia y Estado y Democracia política, singularmente en la libertad de prensa.

Recomiendo a personeros del gobierno de Bolivia leer lo que el abogado inglés Peter Benenson escribió en el diario británico “The Observer”. En su artículo titulado “Los prisioneros olvidados” se lamentaba de la situación de los que por sus opiniones políticas o de otro tipo, eran encarcelados y proponía a través del “llamamiento para la Amnistía” una acción conjunta internacional sobre la base de las siguientes cuatro puntos: Trabajar para obtener la liberación de quienes se encuentran encarcelados por razón de sus opiniones. Procurar para ellos un juicio público justo e imparcial para todos los presos políticos. Ampliar el derecho de asilo y ayudar a los refugiados políticos a encontrar trabajo. Organizar un sistema internacional efectivo que sirva para garantizar la libertad de opinión, de criterios políticos.