[Luis Aguilar]

Malversación o dilapidación de recursos de los trabajadores


Hace mucho tiempo se hizo saber que los recursos de los trabajadores (aportes para la jubilación), corrían un riesgo bastante grande y que los aportantes se verían perjudicados en cuando a obtener una renta. Este problema se originó con la nueva Ley de Pensiones Nº 065, y el desarrollo de la misma, cuando en un análisis con la COB de entonces, se dispuso un tope para rentas futuras, vulnerando toda consideración respecto a la realidad de los salarios de los trabajadores. Una vez aprobada dicha ley, se comenzó a calcular rentas miserables, porque se disfrazó su aplicación con las calificaciones que realizaban las administradoras de pensiones.

Debemos darnos cuenta que el origen del sistema de la capitalización individual fue copiar éste de las normas de Chile, impuesto bajo la dictadura de Augusto Pinochet. En Bolivia se aplica el mismo con la Ley Nº 1.732 del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, donde aprovecha su posición para dar curso a la capitalización individual. La nueva ley del actual gobierno nada ha cambiado, más bien se pone topes, eso es injustificable, porque el sacrificio del trabajador es tratar de elevar su nivel salarial mientras está en función de trabajo. Por lo tanto, desde entonces quienes deben o desean jubilarse salen siempre frustrados, con rentas paupérrimas, ¿ese es el CAMBIO que ofrece el gobierno?

Ahora bien, en nuestro país pronto iniciará sus actividades la Gestora con las restricciones que imponen, y pasan por alto que en Latinoamérica, ya los países están enfrascados en buscar una solución al problema de la capitalización individual. Esa situación comenzó con una reacción fuerte en Chile, donde ya los trabajadores demuestran su descontento con grandes movilizaciones, reclamando por rentas justas y que tengan un nivel por lo menos para cubrir las necesidades de quienes pasan al sector pasivo.

Pero lo más serio del problema se presenta en nuestro medio, cuando el gobierno anunció la creación de una cartera de créditos, con recurso de los aportes de los trabajadores. Este tema ya se lo veía venir cuando un alto ejecutivo del Estado, en un discurso del pasado año dijo que los “recursos de los trabajadores serán bien invertidos, en todas las empresas productivas del Estado y los trabajadores no deben preocuparse”.

Al haberse creado una cartera de crédito donde ya se dispone de préstamos por un monto de 150 millones de dólares para los sectores productivos del sector agrícola, forzosamente se iniciará la utilización libre de los aportes, esto se llama malversación o dilapidación.

Sería bueno recordar que el presidente Hugo Banzer obtuvo, en una oportunidad, la suma de 100 millones de dólares para ese mismo objetivo, recursos que fueron distribuidos en mayor porcentaje en el oriente, especialmente para la producción de algodón. ¿Cuál fue el resultado?, el Estado nunca pudo recuperar esos fondos. Debemos saber que el riesgo en el caso del sector agrícola es bastante alto y aunque tenga intereses altos, la inseguridad es la misma, por factores climáticos especialmente.

Si se analiza con cuidado el problema, creo que se empezó dilapidando o malversando los recursos de los trabajadores. La Central Obrera Boliviana debe tomar cartas en el asunto, y no creer en los discursos mentirosos de las autoridades, que solo justifican sus altos salarios, que aseguran una inversión óptima. Este problema redundará en quienes deseen obtener una renta, pues ya se abrió la puerta para utilizar en diferentes rubros esos recursos. ¿Por qué se echa mano a los aportes si el gobierno tiene una economía blindada?, pero ahora es dudosa, cuando en poco tiempo las reservas han bajado considerablemente y el riesgo es mucho más grande.

Finalmente, en lugar de poner en vigencia el funcionamiento de la Gestora, entidad que es juez y parte, ¿por qué no se tiene un estudio para una nueva Ley de pensiones que realmente represente una renta que permita vivir con cierta tranquilidad a los jubilados? En concreto, no se debe tocar los recursos de los trabajadores y los mismos deben ser parte del control de sus aportes.

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