[Lupe Cajías]

Ministerio de la Presidencia: de los puentes al precipicio

II

En 1981, el D.L. 18.633 reformuló la Secretaría General de la Presidencia de la República con rango de Ministerio, con las tareas de coordinar el Consejo de Ministros y canalizar los asuntos pendientes.

Ese mismo Decreto-Ley creó la subsecretaría de la Presidencia de la República y la Dirección Jurídica en Materia Agraria y la Administrativa, además del Departamento de Administración de la Secretaría General, la Dirección del Archivo General y la Gaceta Oficial.

A los pocos minutos de la posesión presidencial, en 1989 se firmó el primer decreto presidencial 22.292, para modificar expresamente la denominación del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia por la de Ministerio de la Presidencia, “que tendrá las subsecretarías necesarias para el cumplimiento de sus fines”. Se encarga a una futura redacción de reglamento interno la organización del Ministerio.

Además de la coordinación interna, el nuevo Ministro debía realizar gestiones y misiones especiales encomendadas por el Presidente.

Es importante notar la gradual importancia política del puesto, desde su inicial tarea de secretario de actas a la coordinación interna y luego como responsable de las misiones especiales del Presidente de la República, hacia el exterior del Estado.

Informalmente, de acuerdo con la memoria oral y a recortes de prensa de diferentes épocas, el antiguo Secretario General adquirió características de vocero de la Presidencia, y del gobierno, tarea no especificada legalmente, pero que aportó para aumentar el peso político del cargo.

El diseño del “Plan de Todos”, la conceptualización del Desarrollo Sostenible, y la formalización del nuevo estado regulador y de sus tareas explicitadas por el PDGES, precisaban de un nuevo ordenamiento de las funciones dentro del Poder Ejecutivo, cuyo principal motor era la nuclearización acorde con la nueva política integral.

El Ministerio de la Presidencia era el rostro más visible de la modernización del estado desde 1993 al 2005 y de los procesos de participación popular y de descentralización administrativa. Tradicionalmente también se ocupó de mantener el Archivo que en general es la memoria de cada gobierno desde 1825, otrora abierto a los ciudadanos que querían investigar ahí.

Por eso fue también una cartera con personal de carrera, otras convocadas por el Servicio Civil y sólo un puñado era de libre nombramiento.

ATRIBUCIONES ACTUALES

El Ministerio de la Presidencia en el Estado Plurinacional de Bolivia cumple un rol también articulador con la sociedad civil, específicamente con las “organizaciones sociales” (DS 29.894), a las cuales se socializa y comunica las políticas oficiales.

Entre sus competencias está instalar y construir capacidades institucionales ejecutivas en cada departamento mediante gabinetes territoriales para fortalecer la “articulación de políticas públicas en diferentes niveles”.

El actual ministerio tiene trece objetivos estratégicos y se propuso en la pasada gestión 28 objetivos relacionados sobre todo con la idea de negociar y articular.

Su Visión es: “En 2017 somos una institución moderna, eficaz, eficiente, transparente y estratégica en la construcción del Estado Plurinacional comunitario e inclusivo con organizaciones sociales empoderadas en el proceso de cambio, que utiliza mecanismos de negociación, comunicación, articulación y coordinación fluidas en el seguimiento, evaluación y socialización de resultados entre Estado y Sociedad en cuanto a políticas económicas y sociales, reconocida por la población boliviana y por sus servicios de calidad en la búsqueda del vivir bien”. Posteriormente se agregó la frase “y la construcción de la patria en el marco de una plataforma de gobierno electrónico”.

A fin de año, podremos evaluar si esta Visión fue cumplida o no y cómo avanzó el Plan Estratégico Institucional 2013-2017. Algunas pistas ya aparecen, por ejemplo el Plan se proponía como primer asunto “mejorar el acceso a la información”; sin embargo no hay acciones para permitir aquello. De hecho, por ejemplo, la polémica Unidad de Gestión Social no tiene página web, o por lo menos no se puede abrir desde hace meses. Tampoco está el nombre del responsable de la Unidad de Transparencia y el trabajo de ésta, mucho menos cómo pasó lo que pasó en los manejos de Gabriela Zapata. Tampoco se conoce qué hace la Unidad de la “revolución institucional” ni qué avances tuvo la “Representación Presidencial de los Ayllus en Paz”.

Lo que no pudimos encontrar en ningún documento oficial del MINPRE, ni en sus objetivos de gestión, qué unidad y bajo qué presupuesto se ubica la contratación directa de extranjeros para realizar documentales sobre la historia de las relaciones con Estados Unidos (qué dice la Cancillería?) y contra medios y periodistas bolivianos. ¿Es ésta la gestión por resultados que prevé la Ley SAFCO y suscribe el MINPRE?

(Con base en documentos originales del Ministerio de la Presidencia).

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