Gobierno delega pago de un bono

Sin conciliación alguna con el régimen autonómico y sin consensuar con los Gobiernos Municipales se cursó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley, disponiendo que las alcaldías cubran un bono mensual de 250 bolivianos para los discapacitados. La falta de consenso, en este caso con las alcaldías, contradice las afirmaciones del Gobierno de que procede en esa línea antes de adoptar alguna medida. Ni los gobiernos más centralistas del país impartieron instrucciones tan precisas e inconsultas dirigidas al nivel municipal, como las de ahora fijándoles inclusive cuánto deben pagar.

Por ello el impacto es mayor, teniendo en cuenta que la asignación del IDH sufre considerables disminuciones, así como la gestión municipal se halla en proceso de ejecución, es decir, se tendría que asumir una obligación no prevista ni programada presupuestariamente. El ministro de Economía, Luis Arce, considera que por regla general las alcaldías tienen recursos ociosos en caja y bancos, situación que les permite cubrir el bono, pero más de una vez se le ha hecho conocer que se trata de saldos pendientes de pago por obras y servicios en ejecución y contratados en gestiones precedentes.

Según explicaciones de las autoridades, el proyecto dispone la obligatoriedad de que las reparticiones públicas y las empresas o sociedades privadas empleen determinados porcentajes de responsables o parientes a cargo de las personas con discapacidad grave y muy grave y solo los que carezcan de esa relación recibirían el bono, aliviando la erogación. Sin embargo, no se tiene seguridad de que a través de dicha modalidad los discapacitados puedan beneficiarse efectivamente de la asignación. Por otra parte, la disposición prevé que los discapacitados que tienen condiciones físicas y mentales para desempeñar cargos, una vez empleados no recibirían el bono.

La dotación de empleo hace rato que figura en la legislación vigente, inclusive bajo condición de inamovilidad, pero nunca su comprobó su cumplimiento y nada lleva a suponer que ahora se lo cumpliría. Lo sorpresivo del proyecto parece surgir de la presión de los organismos internacionales para atender las demandas del sector en cuestión, debido a los recursos planteados ante organismo internacionales, en los que se hace patente la represión que se aplicó a estos ciudadanos en oportunidad de los 3 meses de estadía en la sede de Gobierno. En lugar de recurrir a otros niveles estatales, bien puede el Gobierno solventar con largueza el pedido de los discapacitados mediante los ampulosos presupuestos del Ministerio de la Presidencia, Canal televisivo estatal y otros.