Acabar con corrupción y burocracia, ¿ilusión?

El Presidente de la República pidió a sus ministros acabar con la corrupción en dependencias del gobierno y, además, terminar con la burocracia ineficiente. El pedido del Primer Mandatario en “tiempo de cambio”, como él mismo señala muchas veces, debió empezar en el inicio de su gobierno el año 2006, especialmente con la corrupción existente hasta el año 2005; pero, sea por desconocimiento de las leyes pertinentes que existen al respecto, carencia de experiencia o aplicar las políticas del “dejar hacer y dejar pasar”, tan practicadas por el gobierno en once años, poco se hizo.

La burocracia ha crecido como diez veces con el actual gobierno y, por ende, también la corrupción atacó a diversos niveles empezando por la “venta de cargos” a quienes querían trabajar con el gobierno y ni qué decir con los casos, por ejemplo de Fondioc, inversiones en posibles empresas de producción que nunca dieron resultado alguno y otros emprendimientos que realizó el gobierno y que no fueron efectivas porque la ineficiencia y la corrupción fueron casi normas de procedimiento.

Es plausible la intención del Primer Mandatario, pero no bastan las simples palabras y son los hechos los que probarán que las buenas intenciones pueden ser realidad o ilusión. Para empezar, habría que disponer el cierre de algunos ministerios y oficinas que no tienen razón de ser y que fueron creados solo al calor de los intereses político-partidistas que exigían la otorgación de empleos seguros y permanentes.

Es mucho, muchísimo lo que habría que establecer de lo hecho en once años y que, de aplicarse los remedios propugnados por el Presidente, podrían ser efectivos y decisivos para realizar una buena gestión y, finalmente, administrar el Estado dentro de parámetros ajustados estrictamente a la Constitución y las leyes.

Un aspecto que ha dado lugar al crecimiento de la burocracia es el hecho de las designaciones “a dedo” que el propio Presidente practicó y, además, la fijación discrecional de sueldos sin tomar en cuenta condiciones de idoneidad, profesionalismo y experiencia en funcionarios que, se dice, ejercen sus cargos desde hace muchos años. Se anuncia también la elaboración de un “código de ética para funcionarios públicos para frenar la microcorrupción”. Se olvida que, al margen de cualquier código de ética, hay leyes sustantivas y claras -como la Ley 1178- que fijan condiciones para el trabajo en la administración pública.

La intención y propósito presidencial pueden cumplirse fácilmente ateniéndose a las leyes que norman el trabajo en la administración del Estado y, lógicamente, aplicándolas en todo nivel; solo así se habrá conseguido efectivamente combatir a la corrupción funcionaria en dependencias del gobierno.