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Inundaciones golpean otros cuatro municipios



El municipio de Pelechuco se encuentra entre los 24 municipios del Departamento de La Paz afectados por las lluvias e inundaciones.
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Los municipios de Charazani, Pelechuco, Papelpampa y Guanay, que pertenecen a la jurisdicción del departamento de La Paz se sumaron ayer a las regiones afectadas por las inundaciones. Representantes de estos municipios que llegaron hasta la Gobernación demandaron el envío de maquinaria pesada, para habilitar los caminos y atender las emergencias de muchas comunidades que quedaron aisladas.

Las intensas lluvias que se registran provocaron que 24 de los 87 municipios del departamento sean declarados en emergencia por los fenómenos naturales, como inundaciones, heladas y granizadas.

El último informe de la Dirección de Alerta Temprana de la Gobernación señala afectaciones en los municipios de Pucarani, Charazani, Pelechuco, Papelpampa, Tiwanaku, Humanata, Desaguadero, Guaqui (en el altiplano de La Paz); Luribay, Zongo, Palca, Mocomoco, Chuma, Cairoma (en los valles interandino); Guanay, Tipuani, Teoponte, Mapiri, Caranavi, Coroico, Quiquibey, La Asunta, Sapecho y Apolo (en los Yungas y Norte de La Paz).

El presidente del Concejo Municipal de Guanay, Huber Carrasco, informó que este municipio tiene dos pisos ecológicos (altiplano y Yungas), áreas que sufrieron pérdidas por los desastres naturales.

En ese contexto, informó también que, por primera vez, 10 comunidades de la zona andina se encuentran afectadas por las inundaciones: Amaguaya, Humapalca, Fabulosa, Tahuamaya, San Juan de Challana, Llipichi y Tumapalca. La población más afectada es Amaguaya, donde el río destruyó la escuela, viviendas de profesores, vivienda de los pobladores y dejó grandes daños en campos de cultivos y del ganado camélido.

En la zona tropical, el río Tipuani inundó las comunidades de Candelaria, Baropampa, Santa Rosa de K'arura, challanapampa y Belén.

“Estamos hablando de 200 viviendas que quedaron destruidas en las zonas andinas y tropicales, y existen por lo menos 1.000 personas afectadas. En Amaguaya, el río se llevó la escuela, las viviendas de los profesores, además de causar la pérdida de productos y ganado camélido; a la fecha, contamos con los informes para presentar a Defensa Civil”, dijo la autoridad provincial.

CRECIDA DE RÍOS

En Pelechuco, las fuertes lluvias provocaron la crecida de ríos cercanos, dejando incomunicadas a 80 comunidades. La inundación afectó a 200 familias de Papelpampa, de la provincia Gualberto Villarroel, y a más de 60 viviendas de Charazani, de la provincia Bautista Saavedra informó el asambleísta de la provincia Franz Tamayo Daniel Kama.

En la comunidad de Aguas Blancas, 20 familias fueron afectadas y el río se llevó el puente vehicular de la región. En el sector de Chiata hay también 30 familias afectadas. “En los 437 años del municipio de Pelechuco, nunca ha pasado esto”, lamentó la autoridad.

Las inundaciones también afectan al municipio de Apolo que está aislado por el mal estado de los caminos. Según el informe, cerca de 70 metros de la plataforma se derrumbaron, dejando aisladas a 81 comunidades.

DESBORDE

El desborde del río Desaguadero afectó también a los municipios de San Pedro de Curahuara, Papelpampa y Chacarilla, dejando 1.600 familias damnificadas y 200 casas derrumbadas, informó Edwin Zárate, asambleísta departamental de la provincia Gualberto Villarroel.

En medio de estos desastres llegó la noticia alentadora que en Palca retornó la calma a la población y ahora se cumplirá la difícil tarea de reconstrucción de los daños, informó el alcalde del distrito, René Aruquipa.

“No está llegando la ayuda de maquinaria pesada, herramientas y algunas donaciones de alimentos, que están siendo distribuidos entre los damnificados”, informó a EL DIARIO.

DAMNIFICADOS

Según un funcionario de la Dirección de Alerta Temprana, Roberto Deheza, en el departamento hay 5.000 familias afectadas y que debido a las granizadas, lluvias e inundaciones, la Gobernación sacó en octubre de 2017 la declaratoria de emergencia departamental. “La declaratoria debe durar nueve meses, lo que significa que sigue vigente”, sostuvo. Eso implica que tiene 3,5 millones de bolivianos para atender las emergencias.

 
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