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Diputados de Brasil

Vigilarán intervención en Río de Janeiro



MILITARES PARTICIPAN EN UN OPERATIVO DE SEGURIDAD EN RÍO DE JANEIRO.

Río de Janeiro.- La Cámara de Diputados de Brasil anunció ayer la creación de un Observatorio Legislativo, cuya tarea será vigilar el desarrollo de la intervención en Río de Janeiro, que ha puesto el área de seguridad de ese estado en manos militares.

«Río de Janeiro vive un momento muy difícil y la intervención no es una cosa simple», dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, al anunciar la creación de ese comité parlamentario.

Según Maia, el Observatorio Legislativo se dedicará a «generar datos para entender el origen de la violencia» en esa ciudad y vigilará la «transparencia» de las acciones de seguridad y el «pleno respeto» a los derechos humanos en las operaciones.

La intervención federal en el área de seguridad fue decretada por el presidente brasileño, Michel Temer, tras un recrudecimiento de la violencia en los pasados carnavales y fue respaldada por las cámaras legislativas.

En la práctica, el decreto deja en manos de las Fuerzas Armadas todo el control de las operaciones de seguridad en ese estado e incluso pone a la Policía a las órdenes de los militares.

Temer ha nombrado «interventor» al general Walter Souza Braga Netto, quien la próxima semana tiene previsto anunciar un plan de acción que actualmente discute con miembros de las Fuerzas Armadas.

Los organismos de derechos humanos han alertado sobre el uso de militares en operaciones de seguridad urbana y ya han protestado por algunas de las acciones de los soldados.

De hecho, el pasado viernes, en una operación que movilizó a 3.200 soldados y policías en tres favelas, los militares fotografiaron a muchos de los ciudadanos con sus documentos, en un procedimiento que supuestamente serviría para verificar sus antecedentes penales.

La Defensoría Pública de Río de Janeiro consideró esa acción como «una grave violación de los derechos a la intimidad y la libertad de movimiento» y subrayó que la ley dice que «ningún ciudadano» puede ser «sometido a identificación si porta la debida documentación civil». (EFE)

 
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