El Gobierno anunció ayer el tratamiento del Decreto Supremo de Indulto y Amnistía, con el cual se prevé beneficiar a 2.735 privados de libertad, que es el equivalente al 15 por ciento de la población de internos en todo el país.
La oposición aseguró que esta es una solución paliativa y que no solucionará los problemas estructurales de este sector.
De acuerdo con la información brindada por el Jefe de Estado, a noviembre del 2017 se tenía contabilizado un total de 17.946 personas privadas de libertad a nivel nacional, de los cuales solo 5.409 cuentan con una sentencia: Los reclusos con detención preventiva alcanzan a los 12.537 que equivale a casi el 70 por ciento de los reclusos.
