Juicios a la oposición

Una demostración fehaciente de que en Bolivia no existe democracia es que a la oposición política se la combata con juicios, en vez de demostrar tolerancia y capacidad para refutar sus ideas o accionar con argumentos, que en unos casos pueden ser verbales y en otros mediante la realización de obras de inmediato interés público.

¿Qué se pretende con los juicios penales? Simple y llanamente acallar a la oposición, porque de lo contrario penden los encarcelamientos, por medio de juicios expeditos, como son los penales, en vista de que las sentencias que se emita por lo general se traduzcan en la pena de cárcel.

El hecho de que varios líderes políticos de la oposición tengan que enfrentar un total de 161 juicios penales es ya una demasía y una forma excesiva de administrar el poder, lo cual muy bien exterioriza que se ejerce el Gobierno de forma autocrática, sin lugar a refutar las críticas que pudiera recibir, sino, simplemente, ante la carencia de argumentos para hacerlo, acudir a la manipulación de la justicia.

Apelar a este recurso se traduciría en que son ciertas las presunciones de que este poder, el tercero dentro del sistema democrático del país, se halla sometido al poder político.

Efectivamente, en la realidad política que prevalece en el país, el juicio político es la vía más expedita para acallar a la oposición, porque de sus decisiones penden las sanciones carcelarias. Y, obviamente, no es grato hallarse ante tal posibilidad.

De esta manera, el logro que consigue el oficialismo es muy práctico, sin necesidad de apelar a los recursos policiales, que no siempre dejan de ser cuestionados por sus accionares, está apelando a la forma más expeditiva de silenciar las críticas que pudiera merecer por sus excesos o desaciertos administrativos.

Esta es una forma desproporcionada de imponer sus designios y no permitir que éstos sean motivo de críticas o censuras. El gobierno de esta índole se identifica implícitamente como dictatorial. Porque al utilizar a la justicia como medio represivo, demuestra que, por una parte, dispone a su arbitrio del Poder Judicial y, por otro, que lo utiliza discrecionalmente contra toda voz que sea crítica o contraria al régimen imperante.

En estas condiciones, el ejercicio del periodismo queda, a su vez, limitado y advertido de que puede ser también sujeto a eventualidades de tal naturaleza, es decir ser imputado por excederse en el uso de la libertad de expresión y de prensa y que, por tanto, puede ser igualmente sometido a las penalidades judiciales.

Pues, en última instancia, hay que advertir que cuando el ejercicio del poder es manipulado, cualquiera puede estar al alcance de sus consecuencias. Basta con que cause algún malestar o disgusto, por lo que hace o dice, para quedar sujeto a la sanción que se considere aleccionadora y punible. En esto no hay medida, todo queda a la discreción de los que tienen la atribución de mandar, bajo sus propios conceptos y conveniencias, acerca de los cuales mayormente no encuentran límites ni prejuicios.