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Dispuesto a traer proceso a La Paz

Defensa critica decisión de juez en caso Rózsa


El Ministerio de Gobierno a través de su dirección jurídica respaldó la decisión del presidente Tribunal Primero de Sentencia, Sixto Fernández, de modificar el calendario inter semanal de las audiencias del caso terrorismo I, porque está cumpliendo al precepto legal de que una vez abierto el juicio este no podrá interrumpirse, salvo excepciones de ley, cuya sugerencia fue criticada por la defensa.

El abogado del Ministerio Filemón Sandóval respondió de esa manera al abogado de la defensa Gary Prado, quien lamentó el cambio semanal por una necesidad del gobierno de contar con una sentencia a raíz del fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió una denuncia por ejecución contra Evo Morales.

Esta semana debía darse lectura de un tercio de los extractos de llamadas telefónicas de más de 8.000 fojas, que demandó casi siete meses en su proceso, y como se mostró un proceso tedioso, la Fiscalía determinó retirarlos, señala la nota de erbol.

A raíz de ello, el juez altera el acuerdo de la semana intercalada vigente desde 2012. Prado cree que es una señal de una reprimenda del Gobierno y un mecanismo para que los jueces, fiscales y secretarios ganen más viáticos.

Sandoval dijo que a pedido de los encausados se trasladó el proceso de La Paz a Santa Cruz y no fue para ganar viáticos y si el abogado busca que se desarrolle en La Paz "no hay ningún problema, tal como estaba inicialmente", indicó.

Recordó que en el desarrollo del juicio oral, los imputados presentaron 171 incidentes, haciendo uso y abuso de los recursos para argumentar vulneración de las garantías constitucionales, señala la nota.

Insistió en que para el Ministerio de Gobierno es importante que de una vez concluya este proceso hasta diciembre, cuando posiblemente se pronuncie la sentencia y se abra paso a la etapa de recursos de apelación ante el Tribunal Departamental y casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, donde argumentarán violación a garantías constitucionales.

 
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