Notificaron al Estado trámite de objeción de conciencia

Normar la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio debe evaluarse con urgencia para el pleno ejercicio de los derechos protegidos por la Constitución Política del Estado (CPE) remarcó el constitucionalista William Basacopé, tras conocerse la notificación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado, sobre la denuncia presentada por el ciudadano José Ignacio Orias.

El relator de la CIDH para Bolivia, Francisco José Egüiguren, durante su visita a Bolivia, confirmó que ese organismo tramita un caso de objeción de conciencia, aunque no especificó detalles refirió que están a la espera de la respuesta del Estadopara continuar con el trámite.

La objeción de conciencia se entiende como el argumento de carácter ético o religioso que una persona aduce para incumplir u oponerse a disposiciones oficiales como por ejemplo, cumplir el servicio militar.

Según la información difundida por Derechos en Acción, el abogado de esta entidad Guido Ibarguen, explicó que José Ignacio Orias pidió respeto a su derecho a la objeción de conciencia en noviembre de 2015 y fue admitida parcialmente por la justicia; pero en 2016, cuando la decisión pasó a revisión del Tribunal Constitucional el pedido de objeción fue rechazado, por lo que se inició la petición ante la CIDH.

Al respecto, el embajador de Bolivia ante la OEA, Diego Pary, afirmó que el Estado ya trabaja para incluir en su normativa la objeción de conciencia, por lo que el Estado boliviano abre posibles alternativas al servicio militar obligatorio.

“Se presentó un caso específico, el caso Orías. La comisión admitió el tema, emitió recomendaciones y el Estado aceptó las recomendaciones y hay una serie de procedimientos internos que se tiene que hacer para garantizar este derecho para que las personas que no quieran, por conciencia, ser parte del servicio militar”, refirió Pary en declaraciones públicas.

LIBERTAD Y

OBLIGACIÓN

En criterio de Bascopé, la población que por convicción se resiste al ejercicio de la instrucción militar o a portar armas tiene sus derechos garantizados por la CPE sobre la libertad de religión, pensamiento ideológico. Sin embargo, el mismo Estado obliga a los varones a cumplir con el servicio militar, lo que de hecho ya es una vulneración a sus libertades.

Es un debate urgente y necesario en el marco de la preservación de los derechos constitucionales, todos los derechos se debe ejercer y garantizar por parte de Estado. Cuando el Estado obliga al servicio militar ingresa en el terreno de reglar su conciencia El Estado está obligado a buscar respuestas”, remarcó el jurista.

Sin embargo, tanto el embajador Pary como el jurista Bascopé coincidieron en señalar que este proceso no será fácil, ya que implica generar la legislación necesaria y generar un cierto consenso.

“Implicaría que la objeción de conciencia se incluiría en la legislación boliviana, pero no es suficiente la recomendación de la comisión, sino que hay que generar la normativa suficiente para aplicar esto”, indicó Pary tras señalar que será necesario generar una norma a través de las instancias correspondientes que establezca en qué casos y cómo se aplica el derecho a la objeción de conciencia.

A la par, Bascopé dijo las Fuerzas Armadas (FFAA), el Ministerio de Defensa y la Asamblea Legislativa son las instancias llamadas a abordar y dar respuestas a esta exigencia de respeto a este derecho, así como las seguridades de la institucionalidad generando políticas de Estado para ese grupo de ciudadanos permitiéndoles cumplir con el país.

“El servicio militar es una obligación, una experiencia muy útil que muchos hemos tenido y otras generaciones podrán tener. Es importante abordar este tema y vean otra forma de servir al país, no necesariamente haciendo servicio militar o portando armas”, apuntó.