Es decisión política

La decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de anular el inciso 3 del artículo 238 de la Constitución Política del Estado (CPE) y permitir que los funcionarios electos candidateen sin renunciar a sus cargos, fue una decisión política, según el analista Paul Coca.

“La decisión fue de índole política y prácticamente hay candidatos que han quedado beneficiados, como ser el Gobernador del departamento de La Paz y otras autoridades más que no quieren dejar sus curules para hacer campaña y de paso se les pagará para eso”, dijo Coca.

Llama la atención, expresó el analista, que muchos de los opositores que han cuestionado al presidente Morales, por una acción de inconstitucionalidad que le permitió repostularse ahora ellos hagan lo mismo para habilitarse en el cargo.

“Es decir recurrieron al TCP bajo la lógica de que si él lo hizo, yo también, han hecho eco de lo que el otro hizo y muchos de los opositores han firmado esa acción de inconstitucionalidad”, manifestó.

Lo cierto es que han apelado a los derechos políticos que son de carácter universal, en la cual hay un “paraguas interno” producto de los artículos de la Constitución que se sujetan al Estado boliviano a tratados internacionales que velan por esos principios y derechos universales, puntualizó.